Abay Analistas ha elaborado el estudio económico de 117 medidas propuestas por la organización ecologista internacional para poner a España en la senda de un Green New Deal transformador
La inversión a realizar, equivalente al 4,8% del PIB, se financiaría casi a partes iguales por el sector público y privado
El modelo prevé un rápido avance hacia la descarbonización del sistema energético y su transformación hacia uno más verde, justo e igualitario.
Los fondos europeos suponen una oportunidad única para transformar el sistema, pero Greenpeace recuerda que no se puede hacer a espaldas de la sociedad civil
Greenpeace ha presentado en el Nueva Economía Fórum Tendencias el informe Darle la vuelta al sistema: Un 4,8% del PIB para entrar en números verdes, elaborado por la consultora Abay Analistas para Greenpeace, que revela que una inversión de 197.000 millones de euros en los próximos cuatro años (equivalente al 4,8% del PIB) permitiría poner en marcha un paquete de 117 medidas para recuperar y transformar el país en clave verde y justa. Estas medidas a la vez que facilitan el mantenimiento o la creación de empleo y la protección social, supondrían un firme impulso para luchar contra la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad, que ayudaría a construir una sociedad más resiliente.
El esfuerzo inversor correría a cargo, casi a partes iguales, por el sector público (53,7%) y el privado (46,3%). El estudio presentado tiene dos elementos centrales: las personas y la descarbonización de la economía, para lo que se pondrían en marcha más de un centenar de medidas, no solo económicas (únicamente el 37% de las medidas propuestas requiere financiación) sino también cambios normativos y alineamiento de las políticas públicas para lograr una transformación verde y justa del sistema. Las medidas propuestas por Greenpeace hacen especial hincapié en el papel de la mujer como uno de los principales valores para que el sistema cambie de forma sostenible.
“Cada vez hay más evidencias científicas que demuestran la estrecha relación entre la salud del planeta y la humana, y esto hace que sea imprescindible repensar el modelo en el que hemos vivido si queremos salir con fuerza de esta dolorosa crisis, y que podamos dar la vuelta al sistema pasando de los números rojos a los verdes”, ha declarado Mario Rodríguez, director de Greenpeace España, quien ha añadido que: “Al margen de ideologías y estrategias partidistas, la voluntad política para cambiar las cosas es fundamental, porque el planeta y las personas no solo necesitan medidas económicas, sino también visión de futuro. Las llegadas de los fondos de recuperación europeos presentan una oportunidad única para transformar el sistema y el cambio no se puede hacer a espaldas de la sociedad civil”, ha concluido Rodríguez.
“La propuesta de Greenpeace sobre la que en Abay hemos hecho el análisis económico tiene un claro elemento de oportunidad porque existe un consenso entre analistas y organismos económicos internacionales, sobre la necesidad de abordar de forma conjunta la crisis ecológica, la crisis económica y la crisis social”, ha declarado Maribel Martínez, directora de Abay Analistas, que ha recordado que “el 4,8% del PIB en el año 2024 es el resultado de fijar objetivos realistas para cada una de las medidas y de estimar las inversiones necesarias”.
Las mayores inversiones se destinan a la transformación del sistema energético hacia uno 100% renovable, eficiente y con participación ciudadana (53.560 millones de euros que en su mayoría procedería de inversión privada), y al conjunto de medidas destinadas a vivienda y rehabilitación energética de las mismas, dirigidas a la población más vulnerable (52.592 millones de euros que procederían principalmente de financiación pública). El conjunto de estas dos medidas sumaría el 58% del total de las inversiones.
El conjunto de medidas destinadas al medio rural, a proteger y reconocer la conservación de la biodiversidad, y a favorecer la agricultura ecológica y el comercio ecológico, local y de proximidad, entre otras, sumarían 23.000 millones.
Las propuestas con un carácter social más marcado, “Transición justa”, que incluye incentivos al empleo y a la transformación de la industria con especial atención al empleo de las mujeres y las de “Agenda exterior” destinadas a apoyar un orden global más verde y resiliente, supondrían en conjunto 15.614 millones. Por último, el conjunto de medidas relacionadas con la Investigación y desarrollo centrada en la reconstrucción verde sumarían una inversión de 22.776 millones.
Distribución de las inversiones requeridas para “Darle la vuelta al sistema” por ámbitos de actuación (2021-2024)
El informe en cifras
1.- Inversiones necesarias
Las propuestas para transformar el sistema requieren recursos económicos, pero también voluntad política. De las 117 propuestas presentadas el 43,2% son cambios normativos y regulatorios, el 34,1% requieren inversión o gasto y el 22,7% se dirigen a alinear las políticas públicas y sus prioridades hacia los objetivos energéticos y ambientales contemplados en la propuesta.
De los 197.000 millones de inversión en cuatro años, en torno al 53,7% de las inversiones necesarias se llevarán a cabo con financiación pública y el 46,3%, con inversión privada. La distribución entre inversión pública y privada varía notablemente según ámbitos de actuación: en el sector energético, el 78,4% (cerca de 42.000 millones de euros) de las inversiones previstas las llevaría a cabo el sector privado y en el ámbito de la innovación este porcentaje alcanzaría el 56,7%.
2.- Origen de los fondos para la financiación pública
En la inversión pública, la propuesta implicaría un esfuerzo de inversión adicional respecto a las inversiones ya contempladas en otros planes aprobados por el Gobierno de 43.103 millones de euros El 42% de este esfuerzo se destinaría sobre todo a la rehabilitación energética de viviendas para la población más vulnerable.
El esfuerzo de inversión pública adicional se considera realista y podría obtenerse por varias vías entre las que se encuentra una adecuada reforma fiscal que incluya la fiscalidad verde. Además, dada la coincidencia en la orientación estratégica y en el plazo de ejecución de la propuesta, el dinero procedente de los Fondos Next Generation UE —de los que el Gobierno prevé invertir 72.000 millones de euros en los próximos tres años: el 37% (unos 27.000 millones) se tiene que destinar a “inversiones verdes”— serían otra fuente de financiación
Por último, es imprescindible que el Gobierno reoriente los objetivos de gasto para mejorar el alineamiento de las políticas hacia una recuperación verde y justa. Esta reorientación se puede concretar claramente en las inversiones en “defensa” o en el reajuste de las políticas de compra, entre otras.
3.- Inversión por bloques de actuación
Transformar el sistema energético
Para transformar el sistema energético y hacerlo 100% renovable, eficiente, inteligente y abierto a la participación ciudadana Greenpeace propone un conjunto de 12 medidas que suman una inversión total de 53.560 millones de euros. La mayoría de estas inversiones (un 78,4%) procederían del sector privado que, mediante subastas anuales de energía renovable (por energía y por pago por oferta), podrían alcanzar los 40.945 millones de euros. La inversión pública se reduciría a 10.880 millones.
Muchas de las medidas propuestas ya están comprometidas por el Gobierno a través de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) la principal diferencia es que se quieren adelantar entre uno y tres años, e incrementan en un 20% para 2030 la inversión en distribución para impulsar el autoconsumo y la generación distribuida.
Además, se incluyen otras medidas que tienen un carácter de cambio normativo como son las subastas renovables o una reforma del mercado eléctrico que permita que las renovables recuperen sus costes de inversión y evite la consolidación de posiciones oligopólicas y también que transponga correctamente las directivas en materia de participación ciudadana entre otras.
Vivienda y rehabilitación energética
Bajo este epígrafe se cuenta con un conjunto de 14 medidas destinadas a mejorar la eficiencia energética, y la mejora del bienestar y la calidad de vida de las personas, especialmente las que más lo necesitan. También ayudarán a aumentar la resiliencia de sectores productivos como es el de la construcción.
; la rehabilitación energética de edificios; el establecimiento de un Fondo estatal de vivienda ecológica y equitativa o un nuevo Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos, entre otras. El conjunto de las medidas alcanza la cifra de 52.592 millones de euros. La rehabilitación energética contempla una inversión de 23.035 millones. Esta medida únicamente difiere de la que plantea el Gobierno en el PNIEC, en el aumento de ambición y el adelanto en la ejecución. Se eleva en un 36% de ahorro energético de las viviendas en el sector residencial respecto a las propuestas del Gobierno y se plantea un adelanto de cuatro años de esas medidas. Además, se fija también como objetivo adicional que el 30% de estas viviendas sean vulnerables. En el caso del sector terciario, un incremento del 9% y un adelanto también de cuatro años.
Movilidad sostenible
En el sector del transporte y movilidad se proponen un conjunto de nueve medidas que contabilizan un total de 29.187 millones de euros y que van dirigidas principalmente a la mejora del transporte público. Destaca la creación de un Programa Nacional “Reparo primero” que priorice el mantenimiento y reparación de infraestructuras viales y que cuentan con casi la mitad de la inversión en movilidad (13.238 millones); la promoción del transporte ferroviario y en especial cercanías (6.491 millones) y la electrificación del ferrocarril en especial los tramos entre las terminales de mercancías, para acabar con la dependencia de la tracción diésel en algunos trenes (1.280 millones).
Además, se destinan 3.700 millones para impulsar los proyectos vigentes de nuevos puntos en las carreteras principales para asegurar la disponibilidad de recarga en todo el territorio
Fortalecer la agricultura ecológica y repensar el uso del suelo y territorio
El conjunto de 33 propuestas destinadas al entorno rural están dirigidas a proteger y reconocer la conservación de la biodiversidad, a repensar el uso del suelo y el territorio incorporando también al sector agrícola cuentan con un total de 23.000 millones de euros en inversiones.
Contar con una agricultura, ganadería, pesca y recursos forestales más modernos y sostenibles que sean considerados servicios esenciales para la sociedad significaría dotar los planes de desarrollo rural con un total de 7.330 millones para este periodo. Alcanzar un 30% de la superficie agrícola utilizada para agricultura ecológica en 2030 y el 100% para 2050. conllevaría una inversión de 5.387 millones de euros
Para repensar el suelo y el territorio para que terrenos públicos sean rescatados para usos como los cultivos ecológicos y se huya del uso especulativo del suelo y del resurgir “del ladrillo” el estudio plantea canalizar una inversión de 7.406 millones.
Transición justa
Realizar una transición justa para transformar la industria contaminante en una más sostenible y que genere empleo duradero e igualitario cuenta con un total de 10 medidas que contabilizan 12.900 millones de euros.
Entre las medidas propuestas destaca la implementación de una renta básica universal con garantías para que permita ir hacia la transición ecológica para la que se requieren 12.000 millones de euros de inversión pública. El avance hacia nuevas actividades productivas sostenibles reconociendo el peso del empleo femenino en la transformación del sistema o la creación de un fondo para apoyar la formación de cooperativas para realizar una transición justa que cuenta con 722 millones de euros o 45 millones de euros para promover medidas para la reducción de residuos en la cadena de producción, así como la reutilización de los productos. y la implantación en los municipios de la recogida selectiva en origen de los residuos urbanos.
También se incluye la puesta en marcha de una política de bienes ecológicos de larga vida para impulsar la reindustrialización, el fortalecimiento del sector textil de pequeñas producciones que generan, o fondos para apoyar las oportunidades para que las mujeres de bajos ingresos valor entre otras propuestas que no requieren un esfuerzo de inversión pública adicional sino una reorientación de las políticas
Investigación y Desarrollo y Agenda Exterior
La innovación el I+D+i y el desarrollo de la agenda exterior están dentro del conjunto de medidas propuestas ya que se consideran inversiones fundamentales para la reconstrucción verde y justa, y contabilizan un total de inversión de 25.490 millones de euros.
Para el caso concreto de la investigación y desarrollo se estima una inversión de 22.776 millones que dibujan un aumento en la inversión actual del 3% para 2030, de los cuales el 53% corresponde a la financiación privada.
Mientras que las medidas relacionadas con la agenda exterior destinadas a apoyar un orden global más verde y resiliente, y la dinamización e incremento de la Ayuda Oficial al Desarrollo suponen una partida de 2.113 millones de euros en línea con la petición de las organización del sector de emplear el 0,5% de la Renta Nacional que representaría un esfuerzo de inversión pública adicional de 2714 millones
El cambio es imposible si se hace de espaldas a la sociedad civil
Por último, el estudio concluye que estamos ante una oportunidad única para transformar el sistema, pero este cambio no se puede diseñar y gestionar sin que la sociedad civil participe.
A la luz de los aprendizajes relacionados con la innovación sistémica utilizado por la Unión Europea, la OCDE y otros organismos internacionales para la intervención de las políticas públicas en la solución a retos complejos como este, se propone una nueva cogobernanza de los fondos que se empleen para la reconstrucción verde.
La participación de la sociedad civil medioambiental y social, tiene que ir más allá de la solicitud de información y transparencia, para tener un papel activo en el diseño del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en la elección, seguimiento de los proyectos que se desarrollen. La participación directa de la ciudadanía se puede canalizar a través de la Asamblea Ciudadana del Cambio Climático o creando nuevos canales de participación.
