Los populares presentan una moción en el pleno de hoy en la que manifiestan su descontento porque el Gobierno regional tenga previsto destinar únicamente siete millones de euros para toda Castilla-La Mancha, cuando hace dos años, durante la legislatura en la que gobernaba la Diputación el Partido Popular, se invirtieron sólo en Cuenca nueve millones de euros
Además de esta iniciativa, los diputados pedirán a la institución provincial que inste al Ejecutivo de Page a la publicación de la convocatoria que permita a los ayuntamientos renovar infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de aguas. Además, en clave nacional, también solicitarán al Equipo de Gobierno provincial que se muestre contrario a la Ley Celaá
Un total de tres serán las mociones que el Grupo Popular en la Diputación de Cuenca presenta en el Pleno de hoy, relativas a infraestructuras, caminos y aguas, y también para que la institución provincial inste al Gobierno de Sánchez a no aplicar la Ley Celaá.
Por lo que se refiere a los caminos, los populares recordarán a los diputados socialistas como en el año 2017, gracias a la gestión del entonces presidente Benjamín Prieto, la Diputación conseguía la firma de un convenio con la Junta de Comunidades para arreglar estas comunicaciones de un total de 9 millones de euros. En aquella negociación, a instancias del presidente popular, se modificaba el borrador inicial del acuerdo, tanto en los caminos a arreglar como en las aportaciones de cada institución. Finalmente el 50% de los nueve millones los pagó la Diputación de Cuenca y el resto se distribuía en el 37,5 % al Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, FEADER, (3.375.000 €), el 8,7 % a la Junta de Comunidades (787.500 €) y el 3,75 % al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, MAPAMA (337.500 €). Los populares piden, pues a la actual Diputación, “que consiga para la provincia de Cuenca un convenio similar al de ese año, ya que los 7 millones que tiene previsto presupuestar la Junta para arreglar caminos de toda la región es claramente insuficiente para mantener en buen estado estas comunicaciones en Cuenca”.
Los populares consideran “imprescindible dar continuidad a este tipo de planes plurianuales de arreglo de caminos” y por ello piden a la Diputación que “inste a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a la consignación de 4,5 millones de euros en los Presupuestos Regionales de 2021 para la partida de arreglo de caminos en la provincia de Cuenca”, al tiempo que el Equipo de Gobierno de Chana haga lo mismo, es decir que presupuesten otros 4,5 millones de euros para el mismo fin.
El Grupo Popular en la Diputación también pedirá que la institución inste a la Junta a aprobar la convocatoria para que los Ayuntamientos puedan renovar las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de las aguas. Desde que el pasado 17 de marzo, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicara un anexo relativo a una selección y ejecución de proyectos de la renovación de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de las aguas, así como una mejora de la calidad de las aguas, “muchos municipios de la provincia de Cuenca esperan la publicación de la convocatoria para poder afrontar uno de los mayores problemas endémicos: la optimización y renovación de las redes de abastecimiento de agua potable. Además, y dada la particularidad de las normas de baremación publicadas, las bases favorecen a los pueblos de menos de 500 habitantes y la pertenencia a zona ITI (Inversión Territorial Integrada), entre los cuales se encuentra un gran porcentaje de los municipios de la provincia de Cuenca”, señalan los populares.
Por último, el PP también llevarán hasta la Diputación la polémica Ley Celaá. Conscientes de que la Educación no es competencia de la institución provincial, si consideran que “los diputados socialistas no pueden permanecer al margen de la preocupación y el descontento que una ley injusta, que atenta contra la libertad en la elección de centro y contra la educación concertada y especial se imponga en nuestro país”. El Grupo Popular recordará en el pleno cómo la Ley Celaá se ha gestionado sin la comunidad educativa, sin consenso, ataca al castellano y por ello a la Constitución por lo que pedirán que reconozcan, “la clara inconstitucional de la Ley Celaá y el apoyo expreso a los seis centros de educación concertada que hay en nuestra provincia, a los profesores que trabajan en ellos y a los padres y madres que, libremente, han elegido este tipo de colegios para sus hijos”.
