Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha se considera fundamental la aprobación de la modificación de la ley de la Cadena Alimentaria, que ahora inicia su trámite parlamentario, “esperamos que este tramite sea ágil y entre en vigor de forma rápida, no podemos seguir aguantando ésta injusticia histórica”, han dicho desde UPA. Se trata de una norma cuyas modificaciones surgen, en buena medida, de las reivindicaciones históricas de Agricultores al Límite acaecidas a inicios de 2020. En UPA, además, consideran fundamental el salto adelante de esta norma en la reivindicación de precios justos, exigencia histórica de la organización agraria.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, de Castilla-La Mancha, celebra la aprobación de la modificación de la ley de la Cadena Alimentaria, una ley que pone negro sobre blanco, de manera clara e indiscutible, las condiciones para que agricultores y ganaderos de explotaciones familiares obtengan un precio justo por su trabajo, un precio siempre por encima de los costes de producción.
Tal y como explican desde la organización agraria, a partir de ahora es obligatorio tener en cuenta el coste de producción de cada eslabón de la cadena, “para que no sean los agricultores y ganaderos quienes paguen siempre, quienes salgan perjudicados”, indican. En este sentido, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación marcará unos mínimos de referencia, unos índices orientativos. Tal y como ha indicado el propio Ministerio, ahora se inicia el trámite parlamentario, mientras los agricultores y ganaderos esperan que suceda con rapidez para su entrada en vigor lo antes posible.
Además de los precios justos, se exige disponer de un contrato por escrito, así como el pago a 30 días en productos frescos y 60 días en no perecederos. “En UPA llevamos años pidiendo precios justos, se ha acabado que el eslabón más débil de la cadena se quede con las migajas”, han insistido desde la organización agraria, que considera que con esta norma se consigue un reparto más justo y equitativo, “lo que corresponde por nuestro trabajo, ni más ni menos”.
Algo que se entiende como prioritario es el elemento sancionador, que se exija el cumplimiento y quien no cumpla con la ley, que pague. “Las sanciones podrían alcanzar hasta el millón de euros para los reincidentes. Es la hora de cumplir con la ley”. “Y, claro, se acabó con la venta a pérdidas utilizada por algunos elementos de la cadena. Se acabó destruir el valor de nuestros productos como si no tuvieran importancia, como si fueran un simple reclamo para vender otras cosas del súper”, han denunciado desde UPA, algo que sucede también con los productos reclamo.
Se trata, como resumen en la organización agraria, de que ningún eslabón de la cadena pueda vender por debajo de lo que ha pagado por el producto. “Se trata, en conclusión, de que podamos vivir de nuestro trabajo y de algo tan sencillo que provoca rubor recordarlo: que se nos pague un precio justo y razonable por nuestro trabajo”
