No prorrogar los ERTES y pretender eliminar la prestación por cese de actividad obligará al cierre de cientos de miles de empresas y puede abocar al paro a más un millón y medio de trabajadores.
La situación económica de España y la de sus pymes y autónomos, pero también la de muchos trabajadores es de crisis absoluta.
La evolución de la pandemia y, paralelamente, la involución de la economía, provoca una incertidumbre como jamás ha vivido en nuestro país.
Los meses de octubre, noviembre y diciembre van a ser devastadores por la evolución de la crisis económica y por el efecto arrastre del deterioro empresarial sufrido desde el mes de marzo. En algunos sectores desde el mes de enero.
La postura del gobierno en relación a los ERTES y a la prestación por cese de actividad está muy alejada de las necesidades empresariales. En estos momentos, parece que comprenden mejor la situación de las empresas los sindicatos que el propio gobierno.
Si los ERTES no se prorrogan o si sólo se prorrogan para algunos sectores económicos, como parece pretender el gobierno, cientos de miles de pymes y autónomos van a sufrir dos consecuencias económicas letales, que provocarán el colapso empresarial: la primera, los trabajadores, posiblemente, pasarán directamente de una situación de ERTE a un ERE y, por lo tanto, a engrosar las listas de desempleo de forma indefinida. La segunda, las empresas deberán abonar indemnizaciones por despido y devolver las exenciones dejadas de pagar durante el periodo de suspensión de los contratos, y todo ello, con el recargo correspondiente. La conclusión de todo esto es la quiebra de pymes y autónomos.
No se comprende como países como Alemania han adoptado la decisión de prorrogar los ERTES hasta el 31 de diciembre de 2021 y que, en España, su gobierno, esté mirando en otra dirección.
Los autónomos y pymes de todos los sectores económicos atraviesan en estos momentos una situación absolutamente agónica. Esto es así porque los sectores económicos no son compartimentos estancos. Están íntimamente interrelacionados. Hasta tal punto esto es así que se puede afirmar que existe interdependencia económica entre ellos.
Pymes y autónomos no están “hibernados” como se pretende convencer a la sociedad. La realidad de lo que les pasa es que no tienen ingresos y, sin embargo, siguen afrontando gastos. La realidad es que en muchos casos si permanecen abiertos pierden más que ganan. Y no tienen ingresos porque la economía se deprime cada vez más. Pero, además, porque las medidas sanitarias que restringen la movilidad, el aforo de clientes, las superficies útiles de negocio, etc… limitan su ya mermado potencial.
También está en tela de juicio prorrogar las ayudas a los autónomos por cese de actividad. Mucho de ellos, en estos momentos, dependen de esas ayudas para subsistir no ya como empresarios, sino como familias.
Si en su momento se rescató a la banca, algo que fue necesario, ahora es el momento de rescatar al tejido empresarial nacional. Y hay que hacerlo escuchando sus demandas no improvisando decisiones que lo único que pueden provocar es pobreza y debacle económica.
Los empresarios quieren mantener a sus trabajadores, quieren mantener sus empresas, pero a estas alturas ya no saben cómo hacerlo.
