El último pleno municipal de Bargas aprueba una moción conjunta entre Cs y PSOE, con la abstención del PP, para solicitar al Gobierno de España y a las Cortes Generales que se hagan las modificaciones legales necesarias para la protección y devolución de la propiedad privada a su legítimo propietario en el menor tiempo posible
El grupo municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Bargas (Toledo), ha aprobado junto al PSOE, “la elaboración un Plan Municipal, en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, contra la Ocupación Ilegal de Viviendas”; un plan que aglutine las actuales medidas existentes así como nuevas que deban incorporarse, incluyendo tanto, medidas de refuerzo de la seguridad y la vigilancia de inmuebles abandonados susceptibles de ocupación ilegal, como la puesta a disposición de los propietarios afectados de servicios de asesoramiento y orientación judicial, con el fin de actuar rápidamente ante la ocupación.
De este modo, el portavoz de la formación naranja en Bargas, Luís Meroño, trasladó esta línea de medidas, junto con el grupo socialista, al resto de grupos políticos en el Ayuntamiento, así como, el empuje necesario para que el resto de las administraciones competentes “lleven a cabo las modificaciones legales necesarias para la protección y devolución de la propiedad privada a su legítimo propietario en el menor tiempo posible”, ha precisado el portavoz naranja.
Meroño, ha lamentado que las medidas que ha puesto sobre la mesa Ciudadanos Bargas y el PSOE no han sido respaldadas por el PP, “es una lástima que el PP no se haya querido sumar a la política útil que trae Ciudadanos, a un acuerdo necesario que preocupa a la ciudadanía de Bargas, y a una lucha por atajar un problema con el que todos deberíamos ir de la mano, sin mirar el color político de quien presenta la moción”.
No obstante, las medidas consensuadas son “endurecer las sanciones penales de los delitos” que versen sobre ocupaciones ilegales de inmuebles que se lleven a cabo con violencia o fuerzas en las cosas, que sean auspiciadas por mafias, con ánimo de lucro o como medio para cometer otros delitos, como la trata con fines de explotación sexual o el tráfico de drogas.
Además, se ha propuesto, “agilizar en todo lo posible los juicios relacionados con los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente”, previendo la restitución inmediata de la vivienda a los legítimos propietarios cuando el inquilino denunciado no pueda acreditar la ocupación legal del inmueble por cualquier medio válido en derecho.
Otra medida va encaminada a ampliar el derecho de legitimación activa con los cambios legislativos pertinentes en las leyes de enjuiciamiento civil y criminal, de tal manera que, entre otros, “puedan personarse las juntas de propietarios y los ayuntamientos puedan instar los desalojos de inmuebles ocupados”.
La administración local “sin competencias”
El portavoz de la formación de centro ha valorado, que ahora mismo, “la Administración Local nos vemos sin competencias ni herramientas con las que poder ayudar y proteger a sus vecinos afectados por ocupaciones ilegales, y se ve limitada a intentar mediar para que se produzca la devolución lo más rápido”.
Sin embargo, ha resaltado Meroño, “es indudable que hay una parte que afecta a la seguridad y convivencia ciudadanas cuya responsabilidad recae sobre los Ayuntamientos”, por eso, desde Ciudadanos, ha dicho, “creemos que las entidades públicas más próximas a los ciudadanos somos las que debemos ofrecer una respuesta más inmediata a un fenómeno que tanto está perjudicando a los vecinos”.
