Blanca Fernández ha destacado que el IMV no es solo una inyección de renta, sino que estará acompañado de toda una estrategia de inclusión que contempla incentivos para la contratación, el apoyo social y laboral por parte de comunidades autónomas y ayuntamientos, y la creación de un sello social para las empresas que den formación y empleo a las personas beneficiarias.
En cuanto al Pacto para la reconstrucción social y económica de Castilla-La Mancha, la consejera Portavoz ha valorado “muy positivamente la actitud de la formación política Ciudadanos”, que ha demostrado tener “generosidad y altura de miras” para buscar soluciones a los problemas de la ciudadanía.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho una valoración muy positiva del ingreso mínimo vital (IMV) aprobado ayer el Consejo de Ministros, una medida que beneficiará a miles de familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica que se ha visto agravada por la crisis del COVID-19.
Según las estimaciones del Ejecutivo autonómico, unas 40.000 familias que suman 120.000 personas, se beneficiarán de esta medida que no es sólo una inyección de renta, sino que estará acompañada de toda una estrategia de inclusión que contempla incentivos para la contratación, apoyo social y laboral por parte de comunidades autónomas y ayuntamientos, y la creación de un sello social para las empresas que den formación y empleo a las personas beneficiarias del IMV, a las que se exigirá que estén inscritas como demandantes de empleo.
Por todo ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha considera que el ingreso mínimo vital es una medida para miles de personas en España que no son responsables de lo que ha pasado y que sin embargo son víctimas de la crisis provocada por el coronavirus.
“Se trata de justicia social de una sociedad del siglo XXI, de un país que es España que ha decidido hacer justicia. En ese sentido, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha tenemos que hacer una valoración muy positiva de la medida porque toda la sociedad merece decisiones justas. Pero si hablamos de situaciones de vulnerabilidad, como la pobreza extrema o la pobreza infantil, la justicia social es imprescindible y, por ello, consideramos que la decisión del Gobierno de España ha sido justa y muy valiente”, ha afirmado Blanca Fernández, consejera de Igualdad y Portavoz del Gobierno regional, quien ha comparecido esta mañana para dar cuenta de diferentes cuestiones.
Fernández, ha añadido que el IMV permitirá una redistribución de la riqueza y contribuirá a la erradicación de la pobreza extrema. Además, “se ha diseñado quirúrgicamente para dirigirse a los colectivos más vulnerables y lógicamente conlleva una valoración de sus rentas y de su patrimonio, para ser justos también en la aplicación de la medida y no solamente en su filosofía”.
Finalmente, sobre esta cuestión ha destacado que la medida esté acompañada de toda una estrategia de inclusión social y de participación en el mercado de trabajo, bajo un modelo de gobernanza compartida en el que colaborarán todas las instituciones ya que “no se trata de una prestación más, sino de un conjunto de políticas articuladas en torno a esta prestación para no dar la espalda a miles de familias que ya lo están pasando mal y que lo podrían pasar mucho peor sin este ingreso mínimo vital”.
Pacto para la reconstrucción social y económica de Castilla-La Mancha
Por otro lado, Blanca Fernández, ha explicado que ya está cerrado el Pacto para la reconstrucción social y económica de Castilla-La Mancha entre el Gobierno regional, Ciudadanos y el Partido Socialista y ha incidido en la necesidad de llegar a acuerdos, en particular en un momento en el que la crisis sanitaria ha derivado en otra de carácter económico: “la ciudadanía necesita de políticos que tengan altura de miras, unidad de acción y generosidad porque los problemas que padece la gente hoy están muy por encima de las estrategias cortoplacista y de rifirrafe políticos”.
En ese sentido, ha valorado “muy positivamente la actitud de la formación política Ciudadanos”, ya que su mano tendida servirá para poner soluciones encima de la mesa que den respuesta a los problemas de empresas, autónomos y también a las personas que peor lo están pasando. En palabras de la consejera, este acuerdo también servirá “para blindar los tres pilares esenciales del Estado del bienestar: la educación, la sanidad y los servicios sociales”.
Este gesto de Ciudadanos ha sido enmarcado como un gesto de “responsabilidad” que, si es exigible a la ciudadanía para que mantenga las medidas de seguridad, lo es aún más a los Gobiernos y los partidos políticos: “en ese sentido y en esa responsabilidad está enmarcado un pacto que no deja a nadie atrás”, ha dicho Fernández, pero que tampoco se olvida del sistema productivo, “que es el que genera empleo todos los días, y que también lo está pasando muy mal y está sujetando la situación en circunstancias adversas”.
En definitiva, ha dicho la Portavoz, la oposición debe saber sumar a su papel de control del Gobierno su responsabilidad hacia la ciudadanía y más en una situación como la actual. En ese sentido, “valorar a Ciudadanos que ha sabido verlo y trabajar para impulsar a una sociedad que se va a poner en pie pero que vamos a intentar que sea más pronto que tarde”.
