Artículo de opinión de Blanca Ferández Morena. Consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha
Desde hace 18 años en Castilla-La Mancha venimos publicando el Informe sobre Violencia de Género, una herramienta muy útil que nos dimos como sociedad y que como sociedad nos ha permitido crecer, sensibilizarnos y mejorar la protección de las mujeres, las niñas y los niños que sufren esta cruel violencia.
Este informe que nació en 2002 y que cumple ahora su mayoría de edad, nos ha permitido trabajar en tres grandes ejes. El primero, el conocimiento real de la situación gracias a la radiografía que aporta: prevención, sensibilización y divulgación; servicios de información y atención especializada; recursos de alojamiento y protección para víctimas de la violencia de género; seguridad de las víctimas, ayudas sociales y económicas; actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y procedimientos judiciales. En segundo lugar, la implementación de servicios, recursos, planes y medidas para atajar estas situaciones de violencia. Y, derivado de estos dos grandes bloques, lo más importante, el fin en sí mismo del estudio: la protección de las mujeres y de sus criaturas víctimas de la violencia machista.
Conviene recordar, además, que su elaboración no es fruto del voluntarismo, sino de la voluntad política del Gobierno de Castilla-La Mancha, que siempre ha tenido claro que hay que proteger y apoyar más a quien más lo necesita. Por eso, estableció la obligación legal de publicarlo y remitirlo a las Cortes regionales, primero con la Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las Mujeres Maltratadas de Castilla-La Mancha cuyo artículo 11 establecía la obligación del Ejecutivo de remitir a las Cortes este informe y posteriormente ha sido la Ley 4/2018 de 8 de octubre para un Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha, la que en su artículo 32 sobre ‘Evaluación de implementación y eficacia de las medidas’, recoge la obligación del Instituto de la Mujer de realizarlo.
Otra razón más para hablar hoy de este informe, en un momento en el que la emergencia sanitaria de la COVID-19 ha provocado un repunte en la violencia machista, es porque sus páginas no solo contienen información muy valiosa acerca de cómo hemos ido evolucionando como sociedad, sino que son el hilo conductor de nuestra propia historia en lo que a igualdad y lucha contra la violencia machista se refiere.
El repaso de esta información nos muestra que hemos mejorado en la prestación de servicios, pasando de 39 centros de la mujer a 84 y triplicando la inversión para su mantenimiento de 3 a 9 millones de euros.
La comparativa entre los datos de los primeros años y los últimos arroja un incremento de llamadas a la Línea 900, (2.699 en el informe de 2001, cuando este año, sólo en el estado de alarma han sido 1.435), de lo que se deduce que las estrategias de sensibilización, visibilización y apoyo a las víctimas funciona. También hay más sentencias condenatorias al año, más denuncias y más procedimientos incoados. Se han multiplicado por seis la ayuda a las mujeres a la salida de los recursos de acogida (de 1.000 euros hasta un máximo de 6.000). También entonces se empezaba a utilizar un lenguaje inclusivo que ahora hemos ido depurando y mejorando. Otros avances han sido la creación de planes de empleo específicos para mujeres víctimas de violencia de género, el acceso a viviendas tuteladas o las becas Leonor Serrano.
En el lado opuesto, un dato muy preocupante como ya revelaba aquel informe, es que la violencia de género entre los más jóvenes sigue aumentando, por lo que tenemos que seguir haciendo hincapié en la sensibilización, y reflexionar acerca de cómo atajar esta situación porque nuestra juventud es el futuro y es la esperanza.
Si hablamos de los hitos que engarza ese hilo podemos citar la Modificación de la Ley electoral de Castilla-La Mancha para incluir listas paritarias en las elecciones autonómicas (2002); la puesta en marcha de nuevos planes de igualdad de oportunidades y de medidas para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal (2007); la creación de la I Escuela de Pensamiento Feminista de Castilla-La Mancha (2008); la Ley 12/ 2010 de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla- La Mancha; el Decreto 75/2016, de 07 de diciembre de 2016, que reguló la Comisión de Igualdad de Castilla-La Mancha; la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha de 2018; el Decreto de Orfandad de 2019 por el que se conceden ayudas a menores víctimas de violencia de género y la creación de la Consejería de Igualdad este mismo año.
Se puede concluir por tanto que el repaso de los datos e hitos de estos 18 años son un binomio inseparable: los primeros nos hablan de la realidad, lo segundos de todo lo que hemos hecho para mejorarla.
Dice Neruda: ‘nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos’. Es cierto, en este tiempo nuestra sociedad ha sido capaz de analizar la realidad e ir tomando las medidas necesarias para acabar con la violencia machista. Pero también es verdad que no hemos conseguido erradicarla y que hemos de seguir trabajando con todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, y con los que sea necesario crear, hasta alcanzar la sociedad igualitaria y justa que queremos. En eso estamos y en eso seguirá estando el Gobierno de Castilla-La Mancha.
Blanca Fernández Morena
Consejera de Igualdad y Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha
