El gobierno aprovecha un forzado estado de alarma para adoptar decisiones sobre el mercado de trabajo a espaldas del parlamento
El acuerdo adoptado por el gobierno con Podemos y Bildu, para suprimir íntegramente la reforma laboral, es la gota que colma el vaso de un diálogo social que realmente no ha existido desde que comenzó la pandemia, porque se ha basado en la imposición constante, en el juego de la ambigüedad y en el engaño permanente.
El diálogo social acaba de ser dinamitado por el gobierno y sus socios políticos.
Una reforma laboral, tiene unas consecuencias de tal entidad que exige ser analizada, con mucho cuidado, y debatida con los agentes sociales, dentro del diálogo social. A esto se comprometió el gobierno al inicio de la legislatura, pero no lo ha cumplido ni lo va a cumplir.
Una reforma laboral, no puede ni debe ser aprobada con alevosía, aprovechando una situación excepcional. El estado de alarma no puede ser un pretexto para semejante despropósito.
Aprovechar el estado de alarma para responder a compromisos electorales y partidistas es indignante, injusto y roza la traición. Sobre todo, hacia los empresarios, que están siendo utilizados como moneda de cambio política, en unos momentos en los que las empresas a duras penas pueden sobrevivir y mantener el empleo.
El estado de alarma debería de haber sido un instrumento para controlar la pandemia y para adoptar, en paralelo, medidas eficaces para la protección de las empresas y del empleo. Sin embargo, se ha convertido en un pretexto para limitar derechos y para no adoptar ni una sola medida eficaz y eficiente en relación a las empresas. Así lo ha manifestado Europa y así lo perciben los empresarios españoles.
La medida de los ERTES, única que parcialmente había contribuido a no incrementar los despidos y a sostener, en parte, la delicada situación de las empresas, se ha convertido recientemente, tras la última modificación del gobierno, en un galimatías difícil de interpretar. Y también en un despropósito que va a provocar la quiebra de muchas pequeñas empresas y el despido masivo de trabajadores.
Nos encontramos ante un acuerdo que sólo tiene un objetivo político.
Nada tiene que ver con mejorar las relaciones laborales. El mero anuncio de este acuerdo desestabiliza y cercena la confianza empresarial y elimina cualquier posible esperanza de recuperación económica basada en la inversión privada.
Anunciar un acuerdo como este es imprudente porque España, ahora, depende más que nunca, de las decisiones que pueda adoptar Europa. Esa Europa que aplaudió la reforma laboral y que, en estos momentos, tiene que decidir si los fondos europeos que precisa nuestro país procede o no destinarlos a España.
El acuerdo y su precipitado anuncio pueden perjudicar las inversiones empresariales en España. Los empresarios, nacionales y extranjeros, al conocer que en España las condiciones laborales se modifican para atender caprichos políticos que satisfagan a los socios del gobierno, no sólo no van a invertir en nuestro país, van a huir de España.
Los empresarios y los trabajadores no se merecen un cierre patronal que pudo tener sentido durante las primeras semanas de la pandemia, pero que, hoy, sigue impuesto y prorrogado en base a circunstancias que ya no resultan creíbles ni desde el punto de vista sanitario ni desde el punto de vista económico.
El estado de alarma ha dejado de ser una medida constitucional legítima, para convertirse en un pretexto para que el Parlamento no pueda debatir y para que se adopten medidas unilaterales, improvisadas y felonas.
Se acaba de “vender” a los empresarios, se ha debilitado la confianza para crear empleo y se ha dejado por los suelos la imagen de España como país en el que no se puede confiar y que está siendo gobernado de modo muy distinto comparado con países de nuestro entorno.
Con este modo de actuación ha quedado claro que España ya no es un país para empresarios.
Con este acuerdo se sigue poniendo de manifiesto que los empresarios son considerados sospechosos habituales, a los que hay que perseguir, limitar su libertad y cercenar su capacidad de decisión. Y todo esto se hace imprudentemente en el marco de depresión económica y dentro de una crisis social como la que no hemos conocido nunca.
