El consejero de Desarrollo Sostenible ha participado en una videoconferencia, junto al ministro y representantes autonómicos, para abordar la situación en materia de consumo durante el Estado de Alarma y detectar las principales incidencias y necesidades, con el objetivo de ofrecer respuestas coordinadas y efectivas a las personas consumidoras para proteger sus derechos.
Escudero ha destacado el trabajo conjunto con el personal técnico de las OMIC y las asociaciones de consumidores y usuarios. Además, ha planteado al Ministerio, entre otras medidas, una propuesta para que el Gobierno de España solicite a la Comisión Europea la elaboración de una norma o, al menos, de instrucciones de ámbito internacional «comunes» en relación a la aplicación de las medidas extraordinarias en el control del comercio electrónico, especialmente en lo que se refiere a las principales plataformas en internet.
José Luis Escudero, consejero de Desarrollo Sostenible, ha valorado este lunes de forma muy positiva el trabajo de coordinación entre el Ministerio de Consumo y las comunidades autónomas. Así lo ha manifestado tras su participación en la videoconferencia convocada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, junto al resto de responsables en materia de consumo regionales, poniendo en valor los recursos de información y protección al consumidor de Castilla-La Mancha pues, como ha señalado, «cuanta más coordinación exista y mejor sea, más protección para el consumidor”.
La reunión celebrada, en la que también ha participado el director general de Agenda 2030 y Consumo, Ramón Lara, ha tenido dos objetivos fundamentales, como ha explicado el consejero. Por un lado, hacer balance de las medidas puestas en marcha por el Ministerio y las autonomías en materia de información y protección de derechos de las personas consumidoras desde el inicio del Estado de Alarma. Y por otro, intercambiar propuestas para abordar con garantías la resolución de reclamaciones y consultas que se están incrementado de forma significativa durante la emergencia sanitaria (control de precios de artículos o servicios como mascarillas, geles hidroalcohólicos, funerarias, suspensión de plazos o la cancelación de viajes, eventos, compras y contratos, comercio electrónico, suministros, telecomunicaciones, moratorias hipotecas, etc., entre los asuntos más recurrentes).
En este sentido, desde el Ministerio se han mostrado preocupados ante la acumulación de denuncias y la avalancha de demandas, por lo que se apuesta por reforzar los sistemas de protección a los consumidores, especialmente a los más vulnerables. Así se propone fortalecer el sistema arbitral por demostrarse eficaz como vía extrajudicial y de mediación. Y, por otro lado, se han planteado las medidas que serán necesarias emprender para la desescalada encaminadas a la reactivación económica «buscando devolver la confianza a los ciudadanos para consumir de forma consciente, responsable y segura».
Novedosa propuesta desde Castilla-La Mancha
Por su parte, el consejero ha realizado diversas propuestas que han sido tenidas en consideración por el ministro; como por ejemplo que el Gobierno de España solicite a la Comisión Europea la elaboración de una norma – o, al menos – de instrucciones de ámbito internacional «comunes» en relación a la aplicación de las medidas extraordinarias en el control del comercio electrónico adoptadas por los distintos países, tanto de la Comisión Europea como de terceros, especialmente en lo que se refiere a las principales plataformas en internet.
Y, de igual manera, en relación con la aplicación y coordinación de los sistemas de resolución de conflictos en materia de comercio electrónico. Ambas propuestas en el marco del Reglamento (UE) 2017/2394 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales responsables de la aplicación de la legislación en materia de protección de los consumidores.
El consejero regional ha argumentado su propuesta debido al importante auge de las compras on-line durante el Estado de Alarma, y las distintas medidas de protección impuestas por el COVID19 en cada uno de los países, «ya que puede dar a lugar a dudas en la interpretación de normas de protección a aplicar dependiendo del lugar de origen del vendedor, lo que hace necesario un marco común para todos los países como garantía de derechos del consumidor» ha indicado.
Activar el consumo seguro en la desescalada
Escudero, ha solicitado al Ministerio que las políticas de consumo tengan un papel relevante, tanto en el marco normativo como en el de la financiación de cara a la vuelta a la nueva normalidad, exponiendo que en Castilla-La Mancha se activarán varias medidas encaminadas a garantizar la protección de los consumidores, reforzando los servicios de atención y del sistema arbitral, ante la previsión del aumento de consultas y reclamaciones. Asimismo, ha indicado que «el Gobierno de Castilla-La Mancha apuesta por la reactivación económica, por lo que hay que devolver la confianza a la ciudadanía para que consuma de manera segura y responsable».
En este sentido, el consejero ha explicado que están trabajando en el diseño de tres campañas para la promoción del consumo de productos locales hechos en Castilla-La Mancha, «favoreciendo a los pequeños productores y emprendedores, sin olvidar su contribución a la sostenibilidad de nuestros pueblos, fijando población y manteniendo o creando empleo ante el reto demográfico». También la promoción del consumo en el comercio local y tiendas de proximidad de nuestros barrios y pueblos. Y, en tercer lugar, una campaña sobre corresponsabilidad y recuperación de la confianza de los consumidores en el sector hostelero y turístico (restaurantes, bares, cafeterías, hoteles, alojamientos…).
En estas tres campañas, como ha concluido José Luis Escudero, se incluirán también a los recursos públicos de consumo y asociaciones de consumidores como prescriptores o ‘influencers’ en redes sociales a nivel local, provincial y regional.
