Ante una futura revisión de los criterios de reparto de estos fondos, la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha pedido que se tengan en cuenta los criterios de dispersión territorial y renta per cápita, “y que en ningún caso pueda haber una merma de los mismos para la región”.
Blanca Fernández ha agradecido al Gobierno de España la decisión de que las empleadas de hogar, más del 90 por ciento de las personas que trabajan en el sector son mujeres, puedan percibir una prestación de desempleo en esta situación excepcional.
La consejera comparte la preocupación del Ministerio de Igualdad sobre el riesgo de que esta crisis sanitaria provoque un incremento de la brecha de género y por esta razón se felicita de que su titular haya mostrado la voluntad de institucionalizar el Pacto de Estado contra la violencia de género.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido al Ministerio de Igualdad mayor agilidad en el pago de los Fondos correspondientes al Pacto de Estado contra la Violencia de Género para hacer frente a la situación de emergencia provocada por la pandemia de la COVID-19. Así lo ha demando la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, que ha participado por videoconferencia en la Conferencia Sectorial de Igualdad convocada esta mañana por el Ministerio de Igualdad.
Tal como ha explicado Blanca Fernández, Castilla-La Mancha ha ejecutado el 97 por ciento de los fondos correspondientes a los ejercicios anteriores, es decir, su práctica totalidad, razón por la cual no queda remanente de años anteriores y ha solicitado que se aceleren los pagos a las comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, que han justificado dichos fondos.
“El pago ágil de los fondos es vital en el contexto en que nos encontramos, en el que hay que dar respuesta a un incremento de las situaciones de violencia de género debido al confinamiento; de hecho, el Instituto de la Mujer de nuestra región ha tenido que habilitar un recurso de acogida extraordinario para dar respuesta a estas situaciones”, ha explicado la titular de Igualdad a las consejeras y consejeros del ramo del resto de regiones y de las ciudades autónomas.
Por su parte, el Ministerio de Igualdad se ha mostrado receptivo a esta petición y ha confirmado que procederá al pago de los Fondos correspondientes al Pacto de Estado contra la Violencia de Género a aquellas comunidades que los hayan justificado.
De cara al futuro debate sobre los criterios de reparto de estos fondos, la consejera de Igualdad ha pedido “que en ningún caso puede haber una merma de los mismos para la región” y en caso de que se hayan de revisar, se tengan en cuenta los criterios de dispersión territorial y renta per cápita. “Estos fondos tiene un carácter redistributivo y no puede olvidarse que en territorios como el castellano-manchego, con una extensión de 80.000 kilómetros cuadrados y 919 municipios, el mantenimiento de los servicios no solo es más complejo sino mucho más costoso”, ha puntualizado.
Empleadas del hogar
Otro de los puntos abordados en la Conferencia Sectorial de Igualdad ha sido la situación de las personas que trabajan como empleadas del hogar. En ese sentido, la consejera Blanca Fernández ha agradecido al Gobierno de España la decisión de que puedan percibir una prestación de desempleo en esta situación excepcional, ya que más del 90 por ciento son mujeres y se han visto duramente afectadas por la crisis del coronavirus.
Para concluir, la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional ha compartido la preocupación del Ministerio del riesgo de que esta crisis suponga un incremento de la brecha de género y por esta razón se felicita de que su titular, Irene Montero, haya mostrado la voluntad de institucionalizar el Pacto de Estado contra la violencia de género.
