El vertedero privado más grande de España, ubicado en un territorio sin industrias, se diseñó para enterrar residuos importados, gracias a que en Castilla-La Mancha no existe tasa de vertido
A Ecologistas en Acción le preocupa que se repita en Almonacid del Marquesado (Cuenca) lo que ha ocurrido en Zaldivar, por lo que exige que se haga público el origen y los códigos LER de los residuos recibidos por los 9 vertederos industriales operativos de la región
Con una superficie de unas 53 ha. En la autorización ambiental integrada (AII) de febrero de 2016, figura una capacidad de depósitos total de 21,5 millones de toneladas de residuos industriales no peligrosos (RINP), a un ritmo de 300.000 t/año.
El vertedero, propiedad del grupo catalán Griñó, empezó a operar en septiembre de 2019 y está recibiendo en torno a 25 camiones diarios. Estos vehículos deben acceder al vertedero, directamente desde la carretera CM-3011, puesto que no tiene acceso dedicado.
También en la AII figura una lista de residuos autorizados (códigos LER) con unos 300 tipos de residuos, entre otros: los residuos de transformación física y química de minerales; lodos de lejías y de destintado de papel; lodos que contienen metales pesados; lodos de pintura, barniz, adhesivos y tintas, etc.
Como refleja la resolución de por la que se aprueban las operaciones de gestión y tratamiento de residuos la mayor parte de los residuos, hasta ‘232.500 t/año’ pertenecientes a más de 100 tipos distintos, «podrán ir a vertedero, sin pasar por la planta de tratamiento«, desmintiendo las declaraciones que realizó Juan Griñó en su visita a Cuenca, así como las del Delegado de la Junta (que llegó a decir que el macrovertedero crearía 200 puestos de trabajo) y que denunció Ecologistas en Acción.
Dada la naturaleza de estos residuos, las afecciones potenciales al entorno son enormes: si las barreras de protección no funcionaran adecuadamente, los efectos a los suelos y las aguas subterráneas, serían desastrosas y en amplias áreas. Tampoco se establecen medidas adicionales de protección ante la cercanía del Parque Arqueológico de Segobriga.
Gracias a las actuaciones de su gobierno, Castilla-La Mancha es el destino deseado de los residuos industriales, puesto que, a la ubicación de la región en el centro peninsular con excelentes accesos por carretera, se une que no dispone de tasa pública de vertido, al contrario del resto de comunidades autónomas limítrofes. A falta de datos oficiales, fuentes del sector consultadas, estiman que en torno a dos tercios de los residuos depositados en vertederos castellanomanchegos, provienen de fuera de la comunidad autónoma, en especial de Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Navarra.
El desastre del vertedero de Zaldivar ha puesto en guardia a Ecologistas en Acción, puesto que coinciden en ambos territorios (País Vasco y Castilla-La Mancha) dos circunstancias: no tienen tasa pública de vertido y el control e inspección no ha funcionado adecuadamente, como lo demuestran los desastres de Chiloeches (todavía pendiente de juicio) y Seseña.
«Solicitamos que, en cumplimiento de la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, la Junta publique información actualizada y fiable de los residuos industriales producidos en Castilla-La Mancha, así como los residuos recibidos, especificando códigos LER y lugar de procedencia. También queremos conocer los resultados de las inspecciones sobre los residuos importados en aplicación del Plan de Inspección de Traslados Transfronterizos de Residuos y si se van a recibir residuos del vertedero de Zaldivar a vertederos de Castilla-La Mancha«. Ha declarado Carlos Villeta de Ecologistas en Acción de Cuenca.
“Hemos solicitado diversa documentación y una reunión con el alcalde de Almonacid del Marquesado y Presidente de Diputación Álvaro Martínez Chana, pero desconocemos la razón por la que no ha contestado a nuestras demandas. Nos interesa especialmente la cuantía que recibe su ayuntamiento de la empresa propietaria del macrovertedero, merced al convenio que ha firmado. Estamos convencidos de la importancia de la transparencia en proyectos tan impactantes como este.” Apunta María Andrés, presidenta de Ecologistas en Acción de Cuenca.
