José Luis Martínez Guijarro ha avanzado que la intención del Ejecutivo autonómico “es que en este mes de febrero podamos dar por finalizado este proceso y firmar públicamente este Pacto en materia de reto demográfico”.
El vicepresidente regional ha apuntado que la intención es conseguir el mayor respaldo posible tanto para la Estrategia contra la Despoblación y la Ley de Desarrollo Rural Territorial y contra el Despoblamiento, que verán la luz esta legislatura.
El Ejecutivo de Castilla-La Mancha insiste en la necesidad de abordar cambios en la financiación y la fiscalidad para garantizar los servicios que prestan los pequeños municipios de las zonas rurales y que, hoy por hoy, tienen “dificultades financieras” ya que toda la organización de esos servicios conlleva un “sobrecoste importante” para los ayuntamientos, más allá de las dificultades técnicas por su escasa capacidad técnica de la que disponen.
Así lo ha señalado José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente de Castilla-La Mancha, tras el encuentro mantenido hoy con Tita García Élez, presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en Castilla-La Mancha, en el que ha participado Jesús Alique, responsable del Comisionado del Reto Demográfico, y con la que ha terminado la ronda de contactos con entidades para la firma del Pacto contra la Despoblación.
La necesidad de los cambios en la financiación y la fiscalidad será uno de los ejes que se abordarán en la creación de la Estrategia contra la Despoblación de Castilla-La Mancha, que incorporará, en la misma línea que se han aprobado en la Estrategia a nivel nacional, cuestiones como la generación de actividad económica y empleo, o las infraestructuras referidas al acceso a las nuevas tecnologías ya que, tal y como ha dicho el vicepresidente, que servirá para poner a los territorios despoblados “en condiciones de igualdad” frente al resto de localidades.
Una vez rubricado el Pacto, se pondrán en marcha grupos de trabajo para establecer qué medidas deben desarrollarse para frenar la pérdida demográfica, y que puedan articularse además en la futura Ley de Desarrollo Rural Territorial y contra el Despoblamiento en Castilla-La Mancha, que ya ha iniciado su fase de consultas previas, y que, tal y como ha apuntado, se espera que pueda estar aprobada para el año 2021.
En este sentido, y tras la ronda de contactos con los agentes económicos y sociales de la región, a los que se les ha trasladado el borrador del Pacto contra la Despoblación, “nuestra intención es que en este mes de febrero podamos dar por finalizado este proceso y firmar públicamente este Pacto en materia de reto demográfico”, ha avanzado Martínez Guijarro.
A partir de ese momento se iniciará “toda una serie de mesas de trabajo donde queremos que participen instituciones y entidades para elaborar entre todos la Estrategia de Despoblación en Castilla-La Mancha”, ha aseverado.
Consenso para la Ley y la Estrategia
Además, el vicepresidente regional ha apuntado que la intención del Ejecutivo presidido por Emiliano García-Page es conseguir el mayor respaldo posible tanto para la Estrategia contra la Despoblación y la Ley de Desarrollo Rural Territorial y contra el Despoblamiento que verán la luz esta legislatura.
Tal y como ha explicado Martínez Guijarro, las medidas que se puedan implementar para resolver este problema “van más allá de dos y tres legislaturas, son medidas a largo plazo que pueden dar resultados y por lo tanto tienen que estar pactadas por todos los agentes sociales, políticos y económicos” ya que es “un problema de Estado, que afecta a nuestra Comunidad Autónoma y que tenemos que afrontar entre todos”.
