Este procedimiento podría superar los dos millones y medio de euros por lo que se solicitan los cauces estipulados en el Decreto 118/73, competencias de las comunidades autónomas
El Ayuntamiento de la localidad de Gálvez (Toledo) ha remitido a la dirección provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural una solicitud de inicio de concentración parcelaria en el término municipal de Gálvez, donde el fraccionamiento excesivo expone a una clara desventaja a los agricultores galveños. Además de la instancia, en el último Pleno se aprobó por unanimidad a propuesta del Partido Popular una moción para promover dicha concentración.
Se da el caso que en el término municipal de Gálvez, de las 5.500 hectáreas útiles, 4.500 son de superficie agraria útil, de las cuales están repartidas en más de 6.000 recintos SIGPAC que son cultivados o pastados por unos 450 agricultores y ganaderos.
De este modo, el Ayuntamiento de Gálvez, que preside Manuel Fernández Lázaro-Carrasco, espera que la Consejería de Agricultura “tal y como se manifestó recientemente a favor el propio consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, recoja este guante y articule los cauces estipulados en el Decreto 118/73 para iniciar procedimientos de concentración parcelaria -competencia directa de las Comunidades Autónomas- (…) en nuestro Ayuntamiento encontrará, por parte de los dos grupos políticos, todas las facilidades, medios técnicos y humanos de los que dispone nuestra institución local”.
La concentración parcelaria del término municipal de Gálvez está prevista que pueda superar –según costes reales de fincas y superficies concentradas de localidades cercanas- los dos millones y medio de euros.
Manuel Fernández Lázaro-Carrasco, quien ha mantenido encuentros con algunos agricultores y ganaderos en el Ayuntamiento de Gálvez para atender a esta necesidad, explica que la concentración parcelaria se puede llevar a cabo bien a través de la vía pública, “donde un Ayuntamiento, las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos o las Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias (…) harán constar las circunstancias de carácter social y económico que concurren en cada zona y en su caso, la finca o fincas (…) para una satisfactoria concentración parcelaria”.
El primer edil explica que la ley también ampara hacerlo de manera privada por parte de los agricultores, toda vez que se constituyan en una entidad colectiva con el objeto de la concentración parcelaria de los afectados. En este caso, la contratación de personal profesional y gastos que se deriven (peritos, tasadores, agrónomos, ingenierías, etc) serán asumidos por dicha entidad colectiva y solicitarán a la administración pública las subvenciones existentes para tales efectos.
El Ayuntamiento de Gálvez dejó claro en el último Pleno celebrado el 4 de octubre que la Corporación local apuesta por la vía pública, por lo que el Ayuntamiento se pone una vez más a disposición de los agricultores de la localidad y de la propia Consejería de Agricultura para que, junto a su consejero, Francisco Martínez habilite la partida presupuestaria correspondiente al año 2020 “y comencemos a dar con compromiso los primeros pasos en esta dirección a favor de nuestros agricultores y ganaderos, y de nuestro medio rural, con medidas redactadas en los presupuestos y no con café para todos”, puntualiza el primer edil galveño, quien pone en valor que ya el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, del que depende el presupuesto, esté a favor como así lo mostrara públicamente en una visita en mayo a la localidad galveña.
“Lideraremos la concentración parcelaria –continúa Fernández- porque entendemos que ha llegado el momento en el que los afectados la están demandando, aunque somos conscientes que también dependemos de la voluntad de todos nuestros agricultores y ganaderos de Gálvez. Estoy seguro que llegaremos a un consenso y, no menos importante, la Junta habilitará la partida del presupuesto público para llevar a cabo esta importante actuación en nuestro municipio”.
Moción a favor de la mejora de la seguridad ciudadana
Por otro lado, en dicho Pleno se aprobó por unanimidad –tras un cambio de postura del PSOE que votó en contra en la Comisión Informativa- una moción a propuesta del Partido Popular para “La mejora de la seguridad ciudadana en el núcleo urbano y en el sector agrario en el municipio y mejora de medios materiales y humanos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, pidiendo más presupuesto para el Cuartel de la Guardia Civil de Gálvez, que se encuentra “como el resto de cuarteles en la comarca de Los Montes de Toledo al 60% de sus efectivos”. El alcalde alabó el papel de la Guardia Civil y su labor “infatigable” ante la última oleada de robos en Los Montes de Toledo y la comarca de La Sisla pero manifestó que “antes de vernos en la lamentable situación de tener que llegar a pagar el combustible de los vehículos de la Benemérita -como tuvo que hacer Gálvez hace años-, se actúe. Pues en estos momentos, por poner un ejemplo, el wifi del Cuartel de Gálvez lo paga el Ayuntamiento… y esto empieza a pintar muy mal, además de faltar lo más importante, personal humano y material para el desarrollo de su trabajo”.
Reclamación de 200.000 euros de deuda del Gobierno de España y regional
Entre otros de los puntos del orden del día a destacar se aprobó con los votos del Partido Popular una moción presentada por el PP para reclamar al Gobierno de España la transferencia a las entidades locales de los recursos derivados de la participación en ingresos del Estado, que ni se han abonado a la Comunidad Autónoma, ni esta última al Ayuntamiento. Entre otras deudas están las plazas conveniadas de la residencia de la Tercera Edad (que está asumiendo el Ayuntamiento); el 25% del Plan de Empleo 2018 o la subida del salario mínimo interprofesional del Plan de Empleo de dichos trabajadores. “Me preocupa que vuelva a aparecer la situación de hace años en los que unos invitaban y otros pagaban”, señalaba Fernández, lamentando además que “se haya sacado otro Plan de Empleo, y no se haya pagado aún el anterior”. En total la deuda supera los 200.000 euros.
