El Real Decreto-ley recoge ayudas para reparar los efectos en viviendas, establecimientos, explotaciones e infraestructuras
Prevé también beneficios fiscales, medidas laborales y en el ámbito de la Seguridad Social y ayudas a corporaciones locales, a la producción agrícola y ganadera y para la restauración medioambiental
El Consejo de Ministros ha incluido expresamente a Ciudad Real entre las provincias que ha acordado declarar como “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil” al ser ésta una de las que ha sufrido por los temporales y las inundaciones. Por ello ha aprobado un real decreto de medidas urgentes para paliar los daños causados por los temporales y otras situaciones catastróficas.
Esto permite incluir tanto a las localidades de la comarca de Montiel que el pasado 26 y 27 de agosto se vieron afectadas y en las que se produjeron una serie de daños; Villanueva de los Infantes, Villamanrique, Carrizosa, Torre de Juan Abad, Almedina, Fuenllana, Cózar, Villahermosa, Alhambra y Montiel como a las localidades afectadas por el paso de la gota fría entre el 15 y el 17 de septiembre; Alcázar de San Juan, Socuéllamos, Arroba de los Montes, Argamasilla de Alba, Bolaños Almagro y Valdepeñas.
La declaración a través del citado Real Decreto-ley 11/2019 de 20 de septiembre permitirá la adopción de un conjunto de medidas urgentes para paliar los daños personales y materiales causados por esos siniestros. De forma provisional, el importe de las ayudas se estima en 557,7 millones de euros para la totalidad de las provincias afectadas. A esta cantidad habría que sumar 130,2 millones en actuaciones de la Administración General del Estado y 58,4 millones de euros en exenciones y bonificaciones en materia de empleo y Seguridad Social. El impacto presupuestario total rondaría, por tanto, los 746 millones de euros para las provincias mencionadas expresamente entre las que está Ciudad Real.
Daños personales y materiales
El Ministerio del Interior gestionará las ayudas dirigidas a paliar los daños personales o materiales sufridos por las familias en su vivienda habitual o en sus enseres de primera necesidad y por las comunidades de propietarios en los elementos comunes, así como los causados en establecimientos mercantiles, industriales o de servicios. También sufragará gastos de emergencias realizados por las corporaciones locales y compensará a las personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo prestaciones personales o de bienes a requerimiento de la actividad competente.
Se estima que estas ayudas sumarán diez millones de euros. Su concesión tiene carácter subsidiario y complementario a las indemnizaciones abonadas por las entidades aseguradoras o el Consorcio de Compensación de Seguros.
La mayor parte de la compensación de los daños por las pérdidas sufridas en las producciones agrícolas y ganaderas procederá de las indemnizaciones de los seguros agrarios, pero el Decreto-ley contempla conceder ayudas a aquellas explotaciones agrícolas y ganaderas que no tengan contratada la póliza del seguro cuando hayan sufrido pérdidas superiores al 30% de su producción, siempre y cuando se hubiera contratado el seguro para la campaña anterior y en esta campaña no se hubiera contratado aún, porque todavía les quedaba plazo para formalizar la póliza, o porque no se había abierto el período de suscripción. Los titulares de explotaciones agrícolas con pólizas amparadas por el Plan de Seguros Agrarios Combinados podrán recibir ayudas para paliar daños que no sean asegurables. En total, las actuaciones y ayudas de este Ministerio superarán los 13 millones de euros.
Dominio público e infraestructuras
Está previsto que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública gestione las ayudas para reparar los daños en infraestructuras municipales y en la red viaria de las diputaciones provinciales. El importe estimado y provisional de estas ayudas, que financiarán hasta el 50% del coste de cada proyecto, es de 541,7 millones de euros.
Beneficios fiscales y medidas laborales
Por lo que respecta al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el Decreto-ley permite establecer bonificaciones y exenciones de cuotas de la Seguridad Social, con un impacto presupuestario estimado de 58,4 millones de euros.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda concretará las exenciones en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y las reducciones en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas. Como es habitual, estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas por daños personales.
En el ámbito del Ministerio de Economía y Empresa, el Decreto-ley contempla que se podrá solicitar la actuación del Consorcio de Compensación de Seguros para una evaluación más correcta de los daños no personales (en viviendas o empresas) siempre que no afecten a bienes de titularidad pública.
La activación de ayudas para empresas será la aportación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para paliar las consecuencias de las situaciones catastróficas
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