A pesar de haber aprobado este protocolo, la Junta de Comunidades no adapta los puestos de trabajo a las mujeres embarazadas.
La Secretaría Provincial de Bienestar Social continua con su política contraria a los derechos de sus trabajadores y trabajadoras.
En el mes de diciembre del 2018, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aprobó el protocolo de actuación ante riesgos laborales para empleadas públicas embarazadas, con el objetivo de garantizar una maternidad segura en el trabajo. Apoyado por todas las organizaciones sindicales, este protocolo preveía qué, cuando existiera un riesgo para su salud, se adaptarán las condiciones y tiempo de trabajo o se propondría un cambio de puesto.
El Protocolo, también establece que en aquello casos en los que la empleada pública pase a desempeñar un puesto de trabajo o función diferente sus retribuciones mensuales no podrán ser en ningún caso inferiores a las que percibiese de no estar en ese supuesto. Por último, en caso de que no fuera posible el cambio de puesto de trabajo, se iniciarán los trámites para que la empleada pública pueda pasar a la situación de riesgo durante el embarazo o lactancia.
Sobre el papel parecía un texto razonable y que de aplicarse garantizaba, tal y como establecía el propio texto, una maternidad segura, el problema surge en la Dirección Provincial de Bienestar Social en Toledo, cuando una trabajadora embarazada que realiza su actividad en un puesto con diferentes riesgos para su estado de gestación, comunica su embarazo y solicita la puesta en marcha del protocolo. La Administración inicia el protocolo y comunica a la Mutua que no existe adaptación ni puesto compatible, y la trabajadora solicita a la Mutua que se inicie la prestación económica por estar en situación de riesgo durante el embarazo. La Mutua decide que será a partir de la semana 20 de gestación, y le comunica que, de no estar de acuerdo, hable con su empresa. El periplo comienza aquí, la trabajadora solicita que la empresa le facilite el certificado de empresa de que no se puede adaptar ni cambiar el puesto, y en lugar de facilitárselo, se lo ocultan, poniendo miles de trabas administrativas. Entre ellas, la emisión de un documento por parte de la Secretaría General de la Consejería de Bienestar Social simulando ser la adaptación, que la trabajadora recoge pensando que era la adaptación de su puesto. Cuando lo visualiza, observa con estupor que es una copia pega del documento del servicio de prevención y que lo único que han modificado es la imposición de su turno al de tarde, sin haber contado con la conciliación de su vida personal y familiar. El recurso, le dice que sólo cabe la vía judicial, lo cual, tampoco es cierto, ya que aún en vía administrativa quedaba interponer recurso. De vuelta, a hablar con la Secretaría Provincial, y ésta, después de mucho insistir facilita el certificado y para su sorpresa, observa que el punto 3. donde establece la fecha de suspensión del contrato de trabajo está vacio, por lo que deja finalmente esa decisión a la Mutua. En lugar, de haberla ayudado a reclamar ante la Mutua para que la fecha fuera cuanto antes ya que su puesto no se podía adaptar, lo que hacen es omitir esa información en perjuicio de la trabajadora. Así pues, la trabajadora lleva desde el día 15 de abril que solicitó la adaptación, sin las garantías de estar protegida y con el perjuicio de trabajar sólo en el turno de tarde, sin haber tenido en cuenta su opinión. La Mutua se rige por recomendaciones, pero es finalmente la empresa quién ha de establecer la fecha exacta.
Una vez más se demuestra la incapacidad de la Secretaría Provincial de Bienestar Social en la gestión de su personal y en este caso da lugar a una situación extremadamente grave con el incumplimiento del protocolo y manteniendo a una mujer embarazada sometida a los riesgos de su puesto de trabajo negando una adaptación que minimice estos.
la falta de una nueva respuesta y a la situación en la que se encuentra la trabajadora, se ha interpuesto una denuncia en la Inspección de Trabajo, tramitando una reclamación a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a la Mutua Laboral con la intención de que alguno de estos órganos tome la decisión de evitar la exposición a riesgos de esta trabajadora a la que la Secretaría General ha castigado por su embarazo a trabajar en un turno de tarde con los mismos residentes, menos personal e idénticos riesgos, considerando esto la adaptación solicitada.
Desde UGT criticamos nuevamente la actitud y las decisiones que desde la Secretaría Provincial se vienen tomando contrarias a los derechos del personal
