El informe de fiscalización de la contratación de las comunidades autónomas sin órgano de control externo, realizado por el Tribunal de Cuentas, ha detectado observaciones en relación a la tramitación administrativa de algunos expedientes de contratación.
En concreto, el Tribunal de Cuentas ha realizado observaciones en relación con 68 contratos de los más de 3.000 que fueron formalizados durante los ejercicios 2016 y 2017 por el Gobierno regional.
El Gobierno de Castilla-La Mancha destaca que la contratación pública se ajusta a los principios de legalidad y transparencia, que el Tribunal de Cuentas no pone en entredicho en el informe sobre esta materia, que ha publicado en su página web.
El Tribunal de Cuenta señala, en un informe de fiscalización sobre la contratación pública de los ejercicios 2016 y 2017 correspondientes a las cinco comunidades autónomas que no disponen de un órgano de control externo propio, una serie de observaciones en los contratos examinados de las comunidades de Cantabria, Extremadura, Murcia, La Rioja y Castilla-La Mancha, además de las ciudades de Ceuta y Melilla.
En el caso de Castilla-La Mancha, el Tribunal solo ha examinado 68 contratos de los más de 3.000 formalizados por la Administración regional entre 2016 y 2017, que se ajustan a la legalidad y, en relación a la tramitación administrativa de los mismos, ha hecho algunas observaciones.
Por otra parte, el informe indica que el Gobierno de Castilla-La Mancha cumple en materia de transparencia “de manera destacada” en cuanto a contratación administrativa con la publicación de las instrucciones de contratación, la existencia de los perfiles del contratante y el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, de igualdad y de transparencia de adjudicaciones y contrato.
El Tribunal de Cuentas también reconoce el cumplimiento por parte del Gobierno regional de las observaciones remitidas en informes anteriores.
Entre ellas, por ejemplo, remitir toda la información al Tribunal de Cuentas sobre contratación llevada a cabo en el sector público regional, cumplir con los objetivos de transparencia y objetividad en el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, o aumentar la diligencia en la elaboración y supervisión de los proyectos.
Además, en las alegaciones presentadas al borrador del informe por la Junta de Comunidades, se justifica en cada uno de los contratos examinados el cumplimiento de la normativa y el envío de toda la documentación que había solicitado para la evaluación de los contratos examinados.
