Ana Rosa Yepes, anterior Teniente de Alcalde por el partido popular destaca que la justicia ha confirmado el archivo del procedimiento penal iniciado por el Ayuntamiento de Yuncos contra este trabajador municipal, demostrando que se basaba en acusaciones absolutamente falsas y que solo tenía como finalidad no readmitir al trabajador, como obligaba a hacer el Juzgado.
Ana Rosa Yepes ex concejala del Partido Popular de Yuncos ha anunciado la interposición, por parte de un trabajador del Ayuntamiento, de una querella criminal contra dos concejales del actual Equipo de Gobierno del PSOE, Pablo Mora y Deborah Delgado, por delitos contra la integridad moral, prevaricación y desobediencia al cumplimiento de resolución judicial, por la que están citados a declarar hoy 15 de febrero, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 7 de Illescas.
Una querella que se interpone tras confirmar la justicia, con varias decisiones consecutivas, que ha habido una auténtica persecución laboral contra el marido de una de las ex concejalas del PP, Ana Rosa Yepes, cuyo despido, tras más de 15 años de servicio en el Ayuntamiento como trabajador municipal, fue declarado nulo por la justicia, obligando a su readmisión. Una readmisión que intentaron evitar con la presentación de una denuncia acusándole de delitos que los juzgados han confirmado que eran absolutamente falsos.
En concreto, el Juzgado de Instrucción número 6 de Illescas ha confirmado el archivo del procedimiento penal iniciado por el actual equipo de gobierno del PSOE contra el marido de una ex concejala del PP, Ana Rosa Yepes, confirmando así que “la única motivación de este proceso ha sido siempre la venganza personal iniciada por los concejales actuales del Consistorio contra la citada ex concejal del PP y su esposo”.
Según explica la ex Teniente de Alcalde de Yuncos, con esta decisión del Juzgado se desestima el recurso del Ayuntamiento contra el archivo previamente decretado, que determina la falta de fundamento de la querella interpuesta contra él por supuesto delito de apropiación indebida y malversación de caudales, que se interpone con el único objetivo de despedir a un trabajador al que la propia justicia había obligado a readmitir.
Esta querella, que finalmente ha resultado archivada, se interpone tras atender la alcaldesa y los concejales del partido que Gobierna en el Ayuntamiento (PSOE), a una supuesta Auditoría, que no es tal, porque estaba basada en datos aportados por el propio Equipo de Gobierno, y que atribuía falsamente la responsabilidad de un perjuicio de 200.000 euros al mencionado trabajador del Ayuntamiento.
Una acusación falsa para intentar justificar un despido nulo
De este modo, la Justicia ha puesto luz sobre el asunto, que daba comienzo al principio de la legislatura, tras el despido de este trabajador por el nuevo Equipo de Gobierno y después de que el Juzgado de lo Social, por Sentencia de fecha 13 de Septiembre de 2016, decretara la nulidad del despido, por no obedecer a las circunstancias objetivas en los que el Ayuntamiento basó la extinción del contrato de trabajo, sino únicamente en su condición de esposo de una concejal del PP, afectando a su dignidad y a sus derechos fundamentales.
Esta Sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Sin embargo, lejos de cumplir con la obligada readmisión del trabajador a la que le condenaba la Sentencia, el Ayuntamiento, por medio de dos de sus concejales, insistieron en su actitud vengativa, no reintegrando al trabajador en las mismas condiciones que tenía previamente al despido.
Nuevamente obliga esta actitud a que el trabajador reclame ante el Juzgado contra esa irregular readmisión, dictando el Juzgado de lo Social un auto dando la razón al trabajador y declarando que el Ayuntamiento había incumplido su obligación de cumplir con la reintegración en su puesto de trabajo.
Esta situación, basada en la inquina personal de los concejales contra el trabajador y contra su esposa, conlleva que el Ayuntamiento deba destinar importantes recursos económicos, tanto al pago de su defensa jurídica, como a sanciones dictadas por los tribunales.
Fue entonces cuando el Ayuntamiento procedió a suspender de empleo y sueldo al trabajador, por supuesta infracción grave, motivando ésta en la misma circunstancia que propicia el archivo por el Juzgado de Instrucción. Este supuesto perjuicio patrimonial infundado, basado en un informe que denominaban auditoría y que realizó una entidad privada, analizando documentos aportados por el propio equipo de gobierno actual. Es decir, resulta ser una auditoría viciada desde su origen.
