El Ejecutivo autonómico ha apostado por la disposición de una buena base de datos con toda la información posible del territorio y plasmada en visores cartográficos o SIGs, ya que son fundamentales para desarrollar correctamente trabajos de planificación urbanística, de redes de transporte, de planificación hidrológica, forestal, de gestión de Espacios Naturales Protegidos o manejo de datos estadísticos para la mejor definición e identificación de las distintas políticas públicas.
El director general de Planificación Territorial y Sostenibilidad, Javier Barrado, ha explicado que la Comisión Especializada en Normas Geográficas tiene como prioridad el seguimiento de las normas nacionales e internacionales de aplicación a la información geográfica y el desarrollo de normas, reglas y recomendaciones metodológicas que faciliten la armonización de los datos geográficos producidos por distintas organizaciones. En resumen, ha dicho, “se trata de crear normas unificadas para el conjunto del Estado español, para así adaptarnos mejor a la normativa comunitaria (Directiva INSPIRE) que es la que regula”.
Javier Barrado, director general de Planificación Territorial y Sostenibilidad, ha señalado el esfuerzo que está realizando el Gobierno regional durante esta legislatura a través del Plan Cartográfico Regional 2017-2020, y con el que se está dando un “impulso a esta materia, mejorando la calidad de los servicios prestados por el Centro Cartográfico Regional, aumentando el volumen de trabajo en proyectos concretos como el de Recuperación y Mejora Geométrica de Líneas Límite Municipales, la creación de distintos visores cartográficos, o la formación interna del funcionariado de la Junta de Comunidades en el manejo de sistemas de Información Geográfica (SIG) para optimizar la gestión de determinados servicios técnicos y ofrecer a la ciudadanía un mejor acceso a la información territorial”.
En este primer periodo de actividad de los subgrupos de trabajo, las tareas realizadas han estado orientadas a la recopilación y análisis de la información existente, para después ya, en 2019, “poder obtener los entregables que se ha marcado esta comisión como objetivos”, como, por ejemplo, una Guía de Implementación del Mapa Base de Información Oficial.
En términos nacionales, se han conformado cuatro subgrupos de trabajo de los que forman parte 40 personas de Administración General del Estado, comunidades autónomas, entidades locales, universidades y colectivos profesionales. El Centro Cartográfico Regional de Castilla-La Mancha forma parte de estos subgrupos.
Así lo ha explicado Barrado, tras el desarrollo de la Comisión Especializada de Normas Geográficas que él mismo preside, en el marco del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Esta comisión se constituye como órgano de estudio y propuesta en orden a la preparación de las decisiones de la Comisión Permanente y Pleno del Consejo Superior Geográfico de España, por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional. Todo esto depende del Ministerio de Fomento, a través del IGN.
Hasta el año 2013, la comisión se mantuvo activa, pero luego se dejó parada hasta que se reactivó en 2017, siendo modificada su composición. Castilla-La Mancha ostenta la Presidencia, por parte del propio director general, consiguiendo “posicionar a esta región en el IGN en esta materia por primera vez”. El IGN ocupa la Secretaría y después hay seis vocales: el subdirector del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), un representante de la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Función Pública, uno del Instituto de Estadística y Cartográfica de Andalucía, uno de la Junta de Castilla y León y uno de la Comunidad de Madrid, además de otro de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
Crear normas unificadas para el conjunto del país y adaptarse a la Directiva INSPIRE
Dentro de las tareas prioritarias de esta comisión está el seguimiento de las normas nacionales e internacionales de aplicación a la información geográfica y el desarrollo de normas, reglas y recomendaciones metodológicas que faciliten la armonización de los datos geográficos producidos por distintas organizaciones y, por tanto, el uso de la información geográfica. En resumen, “se trata de crear normas unificadas para el conjunto del Estado español, para así adaptarnos mejor a la normativa comunitaria (Directiva INSPIRE) que es la que regula”.
Las líneas prioritarias de actuación que se ha marcado la comisión regional son análisis del flujo general de producción de Bases de Datos Topográficas, análisis del contenido de las Bases de Datos Topográficos, requisitos de integración e integridad de dichas bases de datos y, por último, lanzar una propuesta de simbolización normalizada para las Bases de Datos Topográficas.
Barrado ha destacado la importancia de “establecer de manera coordinada entre el Estado y las Comunidades Autónomas una base cartográfica homogénea para las distintas administraciones y que, en definitiva, redundará en un mejor servicio de utilidad pública en lo que a Cartografía y Sistemas de Información Geográfica se refiere”.
Igualmente, el director general ha apostado por la disposición de una buena base de datos con toda la información posible del territorio y plasmada en un buen Sistema de Información Geográfica, ya que son “fundamentales para desarrollar correctamente trabajos de planificación urbanística, de redes de transporte, de planificación hidrológica, forestal, de gestión de Espacios Naturales Protegidos o simplemente manejo de datos estadísticos para la mejor definición e identificación de las distintas políticas públicas.
