Artículo de Opinión de la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, con motivo de la semana del Día de las Personas Sin Hogar
Esta semana se conmemora el Día de las Personas Sin Hogar, bajo el lema elegido por Cáritas y otras entidades sociales del Tercer Sector “¿Y tú qué dices? Di basta. Nadie Sin Hogar”. Un día que puede servirnos para comenzar a desterrar palabras como indigentes, vagabundos o mendigos que estereotipan a las personas sin hogar, pues cuando así nos expresamos no solo no nombramos la realidad y el contexto en el que se producen las situaciones que llevan a las personas a vivir a la calle, sino que estamos usando etiquetas en las que no encontramos ni rastro de la dignidad que cualquier persona merece.
Utilizamos palabras como herramientas para nombrar realidades que suelen acompañarse de una importante invisibilidad, y las usamos para conceptualizar problemas. En el caso que nos ocupa, la palabra sinhogarismo, que acaba de ser reconocida como neologismo válido por Fundación del Español Urgente (Fundéu), nos permite reconocer un problema que afecta a nuestra sociedad para designar un fenómeno social, más allá de poder nombrar a las personas que sufren sus consecuencias: las personas sin hogar.
Esta semana, como cada año, nos detenemos a recordar a las personas que se encuentran en situación de calle, una fecha establecida tanto por la necesidad de crear conciencia en las personas como por la exigencia de proponer ideas para acabar con esta situación.
La palabra sinhogarismo nombra un fenómeno social en el que colisionan factores individuales propios de cada persona afectada pero también factores estructurales y que tiene su origen en causas políticas, sociales y económicas que dificultan, cuando no frustran, el acceso a la vivienda y a un empleo.
Una persona sin hogar se considera como el nivel máximo de exclusión social, siendo clave su atención para facilitar su integración social y fomentar su desarrollo individual.
Las personas afectadas por el sinhogarismo se encuentran, por lo general, en situaciones de pobreza extrema son personas pobres, muy pobres. Ver a personas durmiendo en bancos de calles o parques o en cajeros automáticos de entidades de ahorro produce vergüenza e indignación en cualquier sociedad que aspire al Estado del Bienestar.
Según el Instituto Nacional de Estadística, alrededor de 23.000 personas en España viven sin hogar, siendo Castilla-La Mancha una de las regiones con menos personas sin techo.
Castilla-La Mancha cuenta con 13 dispositivos, repartidos por su geografía, destinados a atender a población sin hogar ni recursos, poniendo a su disposición un total de 335 plazas. En lo que llevamos de legislatura, la ocupación media de las plazas ofertadas es del 72%, un porcentaje que se sitúa entre los más bajos del país. La atención a este colectivo ha disminuido en un 23% respecto a la legislatura pasada.
Un dato que permite ser realistas en cuanto a los resultados obtenidos con las políticas llevadas a cabo en Castilla-La Mancha para ayudar a personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social es que, según publica el VIII Informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), con información del Instituto Nacional de Estadística, en la actual legislatura Castilla-La Mancha ha logrado reducir a la mitad la pobreza severa existente, pasando de 8,5 a 4,4 puntos.
El Gobierno de Castilla-La Mancha sigue trabajando para hacer retornar a una vida normalizada a quienes un día se dejaron por el camino muchas ilusiones y esperanzas, a todas esas personas que a veces viven sin techo, sin hogar. Que no haya nadie sin hogar es algo más que un lema, es un compromiso con la solidaridad de las personas y de las administraciones.
La Estrategia contra la Pobreza y Desigualdad Social aprobada en Castilla-La Mancha constituye una oportunidad para abordar el sinhogarismo, porque precisamente vincula a todas las áreas del gobierno regional y las hace confluir en un mismo fin, asegurar la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía independientemente de su origen social, y la protección especial que las ciudadanas y los ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad social requieran para su bienestar.
Aurelia Sánchez.
Consejera de Bienestar Social
