También se ha dado luz verde, esta vez con el apoyo de populares y socialistas y el voto en contra de IU, a una modificación de créditos de 540.291 euros, en la que se han incluido tres obras con las que se amplía el Plan de Rehabilitación, Conservación y Protección del Patrimonio hasta las 40 actuaciones y los más de 6 millones de inversión
El Pleno de la Diputación Provincial de Cuenca ha dado el visto bueno este miércoles a las normas del Plan de Obras y Servicios (POS) correspondiente a la anualidad de 2019, que conllevará una inversión cercana a los 9 millones de euros. Y lo ha hecho con el único respaldo del Grupo Popular y el voto en contra de socialistas e Izquierda Unida.
Unas normas con las que, tal y como ha remarcado Javier Parrilla, diputado de Fomento, se busca garantizar que todos los pueblos de la provincia dispongan de unas infraestructuras básicas adecuadas e invertir de una manera acorde a las necesidades de cada localidad. De ahí que haya manifestado no entender el rechazo de la oposición al reparto de los fondos en base a criterios poblacionales, sobre todo en las pedanías, cuando, precisamente, hace unos días una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha avalaba precisamente estas normas y desestimaba el recurso del Grupo Socialista contra ellas, condenándole, además, al pago de las costas procesales.
Y es que, según ha subrayado, estas normas del POS no han sufrido grandes cambios con respecto a ediciones anteriores, manteniéndose, por lo tanto, sus principales líneas estratégicas distribuyendo los fondos por tramos según la población y manteniendo el incremento en las asignaciones de inversiones a las pedanías de entre 11 y 15 habitantes de 9.000 a 12.000 euros y fijando los 9.000 euros para aquellos núcleos de población de 1 a 10 habitantes.
Asimismo, se apuesta de nuevo, por un lado, por continuar incentivando que los Ayuntamientos deleguen la adjudicación de las obras a la Diputación con el fin de reinvertir en esos municipios, a través de remanentes, las bajas obtenidas por la institución provincial en las contrataciones y, por otro lado, respaldando de manera especial aquellas obras encaminadas a la eficiencia energética y relativas al ciclo integral del agua rebajando en un 5% la aportación municipal, o las relativas a recuperación de patrimonio histórico y Bienes de Interés Cultural (BIC), donde la Diputación se hace cargo del 100% del coste de la obra.
Tan solo entre las pequeñas novedades introducidas este año, cabe destacar el hecho de que sea el órgano competente de cada Ayuntamiento y no exclusivamente el Pleno el que deba tomar el acuerdo de solicitud de obra u obras a incluir en el POS, así como el establecimiento de un periodo de 30 días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, como plazo para la presentación de las correspondientes solicitudes por parte de los Ayuntamientos.
Otros asuntos
Pero este Pleno ordinario, que ha comenzado con el juramento del cargo como diputado provincial del Grupo Popular de Pedro Higinio Pradas en sustitución de Miriam Romeral, ha abordado otros muchos asuntos, como, por ejemplo, una modificación de créditos por importe de 540.291 euros, que ha recibido el visto bueno de populares y socialistas, mientras que la única diputada de IU ha optado por votar en contra.
Una modificación de créditos que ha incluido, entre otras cuestiones, tres obras por valor de 260.000 euros con las que se ha ampliado el Plan de Rehabilitación, Conservación y Protección del Patrimonio hasta las 40 actuaciones y los más de 6 millones de euros de inversión. En concreto, se ha dado luz verde a una subvención de 200.000 para el Ayuntamiento de El Provencio con el fin de acometer la rehabilitación del Castillo de Santiago de la Torre, 30.000 para la recuperación de la Torre del Calabozo de Cervera del Llano y otros tantos para la rehabilitación y consolidación de la Torre de Valhermoso de la Fuente.
Intervenciones a las que se han sumado el arreglo y acondicionamiento del camino entre Arcas y Mohorte por un importe de 200.000 euros, incluido dentro del Plan de Especial de Caminos Vecinales y Enlaces Municipales, así como los algo más de 24.000 para complementar el Programa Talía.
Aparte de estos asuntos, el Pleno de la Diputación, 
además de ser informado de los cambios en la representación del Grupo Socialista en distintas comisiones con la incorporación de Santiago José Gómez en sustitución de Nieves Mohorte, ha aprobado, esta vez por unanimidad, la solicitud del Ayuntamiento de La Hinojosa para la modificación de una obra del POS 2017. En concreto, ha pedido que se sustituya el acondicionamiento de instalaciones culturales y deportivas municipales por la renovación de tubería del suministro y abastecimiento de agua, lo que lleva consigo un cambio en la financiación, de tal manera que de los 24.000 euros de inversión la Diputación se hará cargo de 23.520 euros y el Ayuntamiento de los 480 restantes.
Mociones
En el capítulo de mociones, el Pleno ha abordado un total de cuatro, tres presentadas por Izquierda Unida y una por el Grupo Socialista, de las que finalmente ha recibido luz verde una de ellas, y por unanimidad. Se trata de la moción de IU de apoyo a las reivindicaciones de los pensionistas para garantizar sus derechos constitucionales y los servicios de atención a las personas mayores que favorecen la creación de puestos de trabajo y la fijación de la población en la provincia.
Aunque han reconocido que la mayoría de los puntos del texto están fuera de las competencias de la Diputación y corresponden a otras administraciones como la estatal y autonómica, los tres grupos políticos han acordado respaldar a este colectivo en sus demandas, como por ejemplo, la adopción de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, la implantación de medidas eficaces contra la pobreza energética mediante bonos sociales que garanticen el suministro de energía, que con las pensiones tan bajas en Cuenca están afectando a gran número de pensionistas o el garantizar la mayor proximidad y cercanía en el acceso a la sanidad y a los servicios de salud pública para las personas mayores.
También ha salido adelante la moción de IU sobre la necesidad de tomar medidas ante el aumento de las salas de juego y apuestas en la provincia de Cuenca, esta vez con el respaldo de populares y la abstención de los socialistas; eso sí, partiendo de la base de que en muchos de los puntos de la moción están fuera del alcance de la institución provincial.
Así las cosas, se ha acordado, entre otras cuestiones, instar a los Ayuntamientos de la provincia a que limiten el aumento descontrolado de este tipo de negocios en sus respectivos municipios y a la Junta de Comunidades y al Gobierno central que asignen en sus presupuestos una partida para la prevención de las adicciones al juego y la ludopatía, máxime con el auge que viene experimentando en los últimos años, sobre todo, entre el público masculino y cada vez más entre los jóvenes.
No ha corrido la misma suerte la moción, también de Izquierda Unida, de rechazo a la decisión del Tribunal Supremo de dejar sin efecto su propia sentencia sobre el impuesto de las hipotecas e impulsar una banca pública, que ni siquiera se ha debatido al ser rechazada su urgencia con los votos del Grupo Popular y a pesar del respaldo de la oposición. Rechazo sustentado, tal y como ha detallado Benjamín Prieto, presidente de la Diputación, en el hecho de que “poco puede hacer la Diputación en este asunto, que depende directamente del alto tribunal”.
Idénticos apoyos ha recibido la cuarta y última moción, en este caso del Grupo Socialista, sobre la instalación de desfibriladores en los municipios conquenses, que tampoco ha llegado a debatirse. Y es que, según ha subrayado Prieto, desde hace unas semanas la Diputación ha iniciado en colaboración con Cruz Roja un plan de formación en desfribilación externa automática dirigida al personal voluntarios de los Ayuntamientos de la provincia, por lo que esta moción deja de tener sentido.
Un plan, dotado con un presupuesto de 25.000 euros, que en su primera fase está llegando a un total de diez municipios, como son Tarancón, Quintanar del Rey, Las Pedroñeras, San Clemente, Mota del Cuervo, Motilla del Palancar, Iniesta, Horcajo de Santiago, Casasimarro y Villamayor de Santiago. Un programa que tendrá su continuidad con otro plan para la instalación de equipos desfribiladores en instalaciones municipales, en el que está trabajando en la actualidad el Servicio Provincial de Deportes.
