Castilla-La Mancha, abre un nuevo periodo para el abordaje integral contra las violencias que se ejercen contra las mujeres.
Aun con este pequeño avance, UGT critica la falta de dotación económica.
UGT recuerda a la ciudadanía que el personal que se ocupa de este tipo de atención tiene un alto índice de precariedad laboral.
Con la aprobación del proyecto de Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha, se abre un nuevo periodo para el abordaje integral y transversal de todos los tipos de violencias que se ejercen contra las mujeres.
Milagros Ruiz-Roso, responsable de Mujer y Políticas Sociales de la Federación del sindicato, destaca, entre otras cuestiones, la importancia que supone el reconocimiento de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual como otra forma de violencia de género. “El ejercicio de la prostitución, nunca es libre, ninguna mujer se somete a ese grado de violencia de forma voluntaria, no es una elección, es la imposición de una sociedad patriarcal que determina el uso y disfrute de las personas según sus deseos”, afirma Ruiz-Roso.
Del mismo modo, el reconocimiento de los niños y las niñas como víctimas directas de la violencia que se ejerce contra sus madres, “esperamos que venga acompañada de la suficiente dotación económica y de estabilidad de los programas de tratamiento dirigidos a la recuperación de los niños y niñas víctimas de la violencia machista, que hagan posible su continuidad en el tiempo”, señala Ruiz-Roso.
“La dotación económica es sin duda la pata más importante de esta mesa, ya que sin la misma no es posible garantizar la continuidad de los servicios de atención directa a las víctimas con los que actualmente cuenta la Región. En la región tenemos la tremenda suerte de contar con un elenco de profesionales que trabajan en la primera línea de atención a las víctimas –personal de los Centros de la Mujer, las compañeras que atienden la línea 900 de atención a las víctimas o el personal de los Centros Integrales y de Atención a Mujeres Jóvenes- cuyas condiciones laborales son precarias, sin estabilidad y garantías de continuidad, ya que la renovación de sus contratos depende de las subvenciones anuales que la Junta convoca”. “No es posible pretender combatir la violencia de género, sin una inversión clara en las personas responsables de esta tarea por parte de las Administraciones Públicas”.
