El director general de Recursos Humanos, Iñigo Cortázar ha recordado que el Plan Catalejo fue “desarticulado” en la anterior legislatura, situación que se está recomponiendo actualmente, estableciendo unos estándares mínimos aplicables a todas las gerencias con el fin de mejorar la protección pasiva de los profesionales del sistema sanitario público regional.
Los centros sanitarios dependientes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha cuentan con una amplia red de dispositivos de seguridad, casi 5.000 desplegados, que están siendo objeto de auditoría y refuerzo, tal y como ha informado Iñigo Cortázar, director general de Recursos Humanos del SESCAM, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad de las Cortes regionales para informar sobre las medidas de seguridad en hospitales y centros de salud de la Comunidad Autónoma.
Unos dispositivos de seguridad que, según ha dicho, “funcionan correctamente” y que han resistido “de manera razonable” los recortes producidos en 2013. Y es que, tal y como ha recordado, durante la anterior legislatura “inexplicablemente” quedó desarticulado el denominado Plan Catalejo, implementado entre los años 2007 y 2011, como medida complementaria al Plan Perseo y destinado a reforzar los sistemas de seguridad, tanto activa como pasiva que tenían los centros sanitarios.
“A día de hoy desconocemos los motivos de aquella decisión, que provocó que se pasará de un Plan totalmente centralizado a la situación actual, en la que las medidas y dispositivos de seguridad dependen de cada gerencia, a las que se abandonó a su suerte”, ha subrayado Cortázar.
El Plan Catalejo supuso una inversión superior a los siete millones de euros en cuatro años y contempló varias acciones diferenciadas, como un sistema de televigilancia mediante sistemas técnicos, un servicio de localización y posicionamiento de los profesionales en sus desplazamientos en unidades móviles y servicio de vigilancia y seguridad presencial, coordinadas desde un puesto exclusivo y permanente para el SESCAM en una Central Receptora de Alarmas.
Cortázar, ha explicado además que el programa contaba con un sistema de gestión de la información asociada a las incidencias producidas que permitía no solo tener datos diarios sino una información histórica que apoyará la toma de decisiones en la mejora de la seguridad de los Centros de Salud y Consultorios locales.
Entre las acciones contempladas estaba la instalación de elementos de detección y transmisión de alarmas antiintrusión (detectores volumétricos, detectores de rotura de cristal, pulsadores de alarma, etc) y sistemas de videovigilancia para captación y grabación permanente de imágenes (domos y minidomos) en los Centros de Salud y Consultorios Locales.
Este sistema estaba configurado de tal manera que cada vez que se disparase una alarma, bien por intrusión o por la activación de alguno de los pulsadores, la cámara instalada se orientará hacia el lugar donde se está produciendo el incidente para grabar de forma inmediata.
Las imágenes tomadas eran visualizadas en tiempo real por el operador de la Central Receptora de Alarmas, quien, siguiendo los protocolos de actuación definidos en Catalejo, comunicaba con el Centro de Salud o Consultorio afectado y/o con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que se personen de inmediato en el lugar de los hechos.
A modo de resumen, el director general de Recursos Humanos ha indicado que el SESCAM cuenta en la actualidad con 62 profesionales de seguridad privada, 1.255 minidomos interiores, 727 domos interiores, 91 minidomos exteriores, 65 domos exteriores, 1.493 detectores volumétricos, 109 detectores de rotura de cristal, 890 pulsadores fijos y 39 pulsadores activables por radiofrecuencia
“Recentralizar” el Plan Catalejo
Cortázar, ha explicado que el Observatorio de la Violencia, puesto en funcionamiento a finales de 2017, está realizando una auditoría de todos los sistemas de seguridad de los centros sanitarios de la región con el objetivo de verificar su correcto funcionamiento y para establecer unos estándares mínimos aplicables a todas las gerencias que permita mejorar la protección pasiva de los profesionales del sistema sanitario público regional.
A este respecto, ha avanzado que el SESCAM está estudiando la manera de “recentralizar” de nuevo el Plan Catalejo, cuestión no exenta de complejidad ya que la existencia de un contrato administrativo por cada una de las gerencias conlleva que se deba acompasar el final de cada uno de ellos para poder proceder a una ejecución única, situación que está siendo objeto de análisis desde el punto de vista jurídico.
Personación como acusación particular en caso de agresiones
Por otra parte, el director general de Recursos Humanos ha informado sobre las actuaciones llevadas a cabo por el SESCAM con motivo de las agresiones sufridas el año pasado por cuatro profesionales del Centro de Salud de El Casar, en Guadalajara, y que se enmarcan dentro de la acciones de revisión y mejora del Plan Perseo.
Una de estas medidas es la nueva Circular de enero de 2017, sobre asistencia jurídica a los trabajadores y que supone una mejora en cuanto a la protección jurídica, pudiendo los profesionales acceder a un servicio de asesoramiento jurídico durante las 24 horas del día, los 365 días del año.
Asimismo, ha recordado que a raíz de aquel incidente el Consejo de Gobierno adoptó un acuerdo por el que se autoriza al Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades para el ejercicio de acciones, en calidad de acusación particular, como consecuencia de las denuncias formuladas por profesionales del SESCAM que sufran una agresión física en el ejercicio de sus funciones públicas sanitarias.
Hasta entonces, cada vez que se producía un hecho de estas características, era preceptiva la tramitación del correspondiente expediente individual por el Consejo de Gobierno. La exigencia de este requisito previo podría llegar a hacer imposible el ejercicio de la acción penal por haberse celebrado el procedimiento de juicio rápido con anterioridad a que se emitiera la autorización del Consejo de Gobierno.
Para evitar que esto fuera así y posibilitar un funcionamiento más ágil en la defensa de los profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, se estimó oportuno una autorización genérica del Consejo de Gobierno que permita al Gabinete Jurídico el ejercicio en vía judicial de las acciones precisas, en calidad de acusación particular, en todos los casos de agresiones físicas a profesionales del sistema sanitario público regional.
A este respecto, ha señalado que el 24 de octubre de 2017, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha autorizó al Gabinete Jurídico para el ejercicio de acciones compareciendo en las diligencias penales que se iniciaran como consecuencia de las denuncias formuladas por los cuatro profesionales del Centro de Salud de El Casar.
Según ha indicado Cortázar, hace menos de un mes, el 25 de junio, el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, acordó mediante auto continuar con el procedimiento penal por lesiones contra el agresor, “procedimiento que esperamos se sustancie a la mayor brevedad posible y que recaiga sobre el agresor las consecuencias penales que sean necesarias para el resarcimiento de los agredidos”.
Servicio de Ginecología de Puertollano
Finalmente, y respecto al servicio de Ginecología del Hospital Santa Bárbara de Puertollano, el director general de Recursos Humanos ha señalado que se trata de un área cuyos parámetros “discurren dentro de la norma” y que la “polémica artificialmente mantenida” a raíz de la denuncia del jefe de servicio por la contratación de una profesional sin la titulación de especialista homologada se saldó con el sobreseimiento de la causa y el archivo de las actuaciones.
“A pesar del empeño del algunos de mantener viva esa polémica, ni se generó alarma social entre la población, y prueba de ello es que solo se registraron tres reclamaciones al respecto, ni se demostró que hubo delito y ni siquiera los que anunciaron que se iban a personar como acusación lo hicieron”, ha concluido Cortázar.
