Artículo de la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez
El 20 de junio conmemoramos el Día Mundial del Refugiado, una fecha elegida en 2001 por la Asamblea General de Naciones Unidas -coincidiendo con el 50 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados- para recordar a los millones de personas que se han visto obligados a dejar sus hogares.
Al menos 65,6 millones de personas desplazadas por la fuerza dentro de sus propios países o a través de las fronteras, según los últimos datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), lo que supone la mayor crisis humanitaria desde la II Guerra Mundial.
Son cifras estremecedoras que requieren una respuesta reflexionada de los países de acogida. Es necesario actuar con un enfoque multidimensional, de modo que se atiendan las emergencias humanitarias pero, al mismo tiempo, se diseñen medidas a medio y largo plazo en las que se impliquen todas las instituciones internacionales, europeas, nacionales, autonómicas y locales.
Desde esta óptica, asumiendo nuestra responsabilidad, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha esta legislatura diferentes acciones dirigidas a hacer frente al reto que supone la llegada de refugiados, de personas que han tenido que abandonar sus hogares por graves violaciones de derechos humanos, por guerras o persecuciones.
Trabajamos de la mano de las ONG en la atención y acogida de personas refugiadas. Desde el año 2016 hasta junio de 2018, Castilla-La Mancha ha acogido a más de 850 personas de al menos 53 nacionalidades diferentes.
Además, creamos en agosto de 2015 la Oficina Regional de Atención a las Personas Refugiadas, como instrumento que permite articular las respuestas de la ciudadanía y entidades, tanto públicas como privadas, para abordar de forma coordinada, eficaz y eficiente la atención de las personas refugiadas.
Asimismo, el 23 de septiembre de 2015, constituimos la Mesa de Coordinación para la Atención de las Personas Refugiadas, como un espacio de encuentro abierto y como mecanismo de coordinación de las diferentes entidades públicas y privadas que se ven implicadas en la atención a personas refugiadas en la región, así como en los países de origen de las mismas.
Si bien, hay que advertir que si hay personas que se ven forzadas a huir de sus hogares es porque su vida corre peligro, no porque quieran dejar sus comunidades, sino porque se ven obligadas a hacerlo.
Ante esta circunstancia, el Gobierno regional también trabaja en los países y zonas más desfavorecidas a través de la Cooperación Internacional, basada en tres líneas: Cooperación al Desarrollo, Ayuda Humanitaria y Educación para el Desarrollo.
Cabe destacar la recuperación en esta legislatura de la Cooperación Internacional. Desde 2015 a finales 2018, se destinarán a esta materia un total de 9,5 millones de euros.
Somos conscientes del reto al que nos enfrentamos y, los últimos acontecimientos, nos llevan a solicitar que se abra en Europa un debate para diseñar una estrategia que racionalice y gestione, de manera civilizada, lo que es uno de los grandes problemas: cómo se puede hacer que la gente viva mejor fuera de Europa y, al mismo tiempo, dosificar la ansiedad de quienes quieren vivir aquí.
La decisión del nuevo Gobierno de España de salvar 629 vidas abandonadas a su suerte en el Mediterráneo ofrece la mejor cara que ha tenido siempre España en Europa. Ahora, además del debate a nivel europeo, es deseable la celebración de una reunión entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas para abordar la coordinación de esta importante labor humanitaria.
El gran reto de este país es que la recuperación económica se produzca con criterios de convergencia, de igualdad y justicia, sin perder de vista la necesaria solidaridad y compromiso con quienes se han visto obligados a dejar sus hogares.
Aurelia Sánchez
Consejera de Bienestar Social
