El presidente de Castilla-La Mancha ha avanzado una subida del 0,5% de los salarios de los trabajadores públicos de la región en 2019, tras la recuperación del recorte adicional del 3% que se aplicó con la denominada ‘tasa Cospedal’.
García-Page ha confirmado que, tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, Castilla-La Mancha lanzará una Oferta de Empleo Público de más de 3.500 plazas, con lo que, al final de la legislatura, se habrán convocado procesos para la ampliación de plantillas y consolidación de 12.000 puestos de trabajo en la Administración regional.
Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha adelantado este martes que el Gobierno regional iniciará un proceso de diálogo con los representantes de los trabajadores de la Administración autonómica para sacar adelante una nueva iniciativa legislativa que conlleve la devolución de la jornada de 35 horas semanales a los empleados públicos.
Así lo ha adelantado el jefe del Ejecutivo autonómico tras ratificar la puesta en marcha del II Plan Concilia para la mejora de la vida personal, laboral y familiar de los más de 70.000 empleados públicos de la Administración regional; un acto en el que, junto a García-Page, también han participado Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda y Administraciones Públicas; Juan Francisco Ruiz López, secretario general de SATSE Castilla-La Mancha; Ramón Izquierdo, presidente de ANPE Castilla-La Mancha; Carlos Pedrosa, secretario general de UGT en la región; Victoria Ortiz, vicepresidenta y secretaria de Negociación del Comité Ejecutivo Autonómico de CSIF; y Francisco de la Rosa, secretario general de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha.
El presidente regional ha detallado que el Ejecutivo autonómico emprenderá en breve la dinámica legal necesaria que conlleve la vuelta a la jornada de 35 horas “como hemos comprometido desde el primer momento”; una medida que “nos fue recurrida” con una lectura “absolutamente confusa y torticera” de la legislación de los Presupuestos Generales del Estado, impulsada por el Gobierno central del Partido Popular y cuya redacción, ha hecho hincapié, “no me gustó ni siquiera cuando la avalaron los sindicatos”.
A juicio del presidente de Castilla-La Mancha, el texto legal de las Cuentas Generales del Estado establece una “dinámica aleatoria sobre los derechos de los trabajadores” basada en los objetivos del Ejecutivo central que, al mismo tiempo, “el Gobierno fija como le da la gana”; algo que, a su parecer, “es simple y llanamente intolerable”.
El presidente de Castilla-La Mancha ha avanzado asimismo que la Administración autonómica castellano-manchega abrirá con los sindicatos un “proceso de discusión para matizar lo que haya que matizar y estar prevenidos”, y que comunicará al nuevo Gobierno de España esta decisión, esperando que “no nos pongan palos en las ruedas”, ya que “de una manera o de otra vamos a equiparar esa situación como objetivo fundamental”.
Subida del 0,5% en los Presupuestos de 2019
Por otro lado, García-Page ha defendido la necesidad de apostar por seguir implementando las condiciones de los trabajadores públicos de Castilla-La Mancha: “si alguna vez nos tenemos que pasar de la raya, que sea en cuestiones de igualdad, de equiparación y en cuestiones de cohesión”, ha subrayado.
En este contexto, ha anunciado que los empleados de la Administración regional verán incrementados sus salarios en un 0,5% sobre el aumento que plantee el Gobierno central, con la aprobación de la Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha de 2019.
Un incremento del poder adquisitivo de los funcionarios de la región que llega tras haber recuperado “en una sola legislatura” el 3% de recorte adicional sobre la retribución de los trabajadores públicos que aplicó el anterior Gobierno regional del PP, comúnmente conocido como ‘tasa Cospedal’.
Una mejora en las condiciones de los trabajadores que llega tras cuatro años de legislatura ‘popular’ en los que “se ha despedido de manera tremenda” y que supuso “un esfuerzo que hay que agradecer a todo el mundo” y, en especial “a los contribuyentes”, ha apuntado García-Page.
Ofertas de Empleo Público para 12.000 trabajadores
En esta misma línea, el presidente del Ejecutivo castellano-manchego ha confirmado que el Gobierno regional lanzará una Oferta Pública de Empleo (OPE) de más de 3.500 plazas, una vez se haya aprobado de manera definitiva la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Una OPE que se sumará a las dos convocatorias anteriores y procesos de estabilización de empleo público emprendidos desde el inicio de la presente legislatura y que elevarán a un total de 12.000 el número de puestos de trabajo que habrán sido promocionados y ampliados al finalizar el mandato 2015-2019.
Apostar por la conciliación
El presidente regional ha valorado tanto “la actitud” como “el talante” demostrados por los representantes de los trabajadores públicos y la Consejería de Administraciones Públicas durante el proceso de negociación del II Plan Concilia, por el que se mejoran las condiciones laborales, personales y familiares de los 70.000 trabajadores de la Administración autonómica.
Un acuerdo, ha matizado García-Page, que “no es un protocolo” sino que conlleva un “coste” y que pone de manifiesto el cambio que ha experimentado la relación entre los sindicatos y el Ejecutivo autonómico desde el cambio de gobierno producido en mayo de 2015.
“Nos propusimos desde el primer momento retomar el diálogo social”, ha recordado el presidente del Ejecutivo regional, quien también ha agradecido a los agentes sociales que hayan permitido al Gobierno autonómico recuperar paulatinamente los derechos cercenados durante el mandato del Partido Popular, al mismo tiempo que se atendían las demandas de “la emergencia del ámbito social”.
El presidente ha abogado por realizar una apuesta por la conciliación desde todos los niveles de responsabilidad y ha lanzado un mensaje al Gobierno central para que acometa los cambios necesarios respecto a la Reforma Laboral aprobada por el PP. Una reforma que, ha explicado, ataca directamente a los derechos de colectivos como el de los jóvenes que, durante los años de crisis y bajo esta legislación, han visto cómo se han deteriorado los contratos en la empresa privada y que tendrán problemas en el futuro a la hora de acceder a una jubilación y unas pensiones dignas.
