Una decisión, cuyo voto de la representación de Castilla-La Mancha fue negativo, no se debería haber tomado ya que “ninguna de nuestras 29 alegaciones fue atendidas y de nuevo se vulnera el derecho de participación y la prioridad de la cuenca cedente que debe tener nuestra región”.
Desde la región se alegó asimismo que los estudios técnicos del Plan Especial, y la situación del invierno de 2017/18 han puesto de manifiesto que “la excesiva presión que ejerce el trasvase Tajo-Segura, reconocida en la reunión por los propios responsables de la Demarcación, impide atender en situaciones de sequía los usos prioritarios de la cuenca”.
Los representantes de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha han mostrado estos días su malestar tras la aprobación del informe favorable sobre la propuesta de revisión del Plan Especial de Sequía (PES) en la última reunión celebrada esta semana en el Consejo del Agua de la Demarcación del Tajo, y que ha sido emitido por la Confederación Hidrográfica, teniendo en cuenta que “fueron claves los votos de directivos del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente que se encuentran actualmente en pleno proceso de renovación”, con el cambio de Gobierno, y cuya votación muchos de los usuarios consideraron deslegitimada.
Una decisión que, como han explicado los representantes de Castilla-La Mancha, “no se debería haber tomado, con 29 votos a favor, 26 en contra y dos abstenciones, y con la gran mayoría de usuarios en contra”, al igual que las comunidades de Castilla-la Mancha y Madrid.
Para la representación de Castilla-La Mancha, cuyo voto fue negativo, no se debería haber aprobado este informe pues “ninguna de nuestras 29 alegaciones fue atendidas y de nuevo se vulnera el derecho de participación y la prioridad de la cuenca cedente que debe tener nuestra región”.
Entre otros motivos, desde la región se alegó que los estudios técnicos del Plan Especial, y la situación del invierno de 2017-18 han puesto de manifiesto que “la excesiva presión que ejerce el trasvase Tajo-Segura, reconocida en la reunión por los propios responsables de la Demarcación, impide atender en situaciones de sequía los usos prioritarios de la cuenca”.
Una situación que, como han indicado, quedó de manifiesto en la contestación de la propia Confederación a los usuarios de la Comunidad de Regantes del Alberche, que afirmó textualmente que “es bastante probable que las reservas de Entrepeñas y Buendía se sitúen en el umbral de la prealerta (400 hm3) con cierta frecuencia, por la presión que ejerce el trasvase ATS en la cabecera del Tajo.”.
“No quedarse de brazos cruzados”
Como han explicado, en las alegaciones presentadas por la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha se recogió que, de conformidad con la prioridad legal de la cuenca cedente, no se podía admitir ninguna restricción a los usuarios de la cuenca del Tajo en cuanto a caudales que puedan atenderse desde la cabecera del Tajo. Si el Plan Especial, con su categoría de orden ministerial, no puede modificar la Ley del trasvase, “desde la Confederación del Tajo se puede hacer algo más que quedarse de brazos cruzados, se puede al menos proponer al Gobierno su modificación”.
El voto negativo de Castilla-La Mancha se justificó también por no determinarse en el PES los excedentes de la cabecera del Tajo, pues la actual propuesta vulnera tanto la Ley 52/1980 que regula el trasvase Tajo-Segura como la prioridad ambiental del río Tajo, al no contar aún con caudales ecológicos, especialmente en el tramo medio, Bolarque-Aranjuez-Toledo-Talavera de la Reina.
En esta situación, se incumple la Directiva Marco del Agua, que fijó diciembre de 2015 como fecha límite para la implantación de los caudales ecológicos, “incumplimiento cuyo único objetivo es desviar a otras cuencas la mayor parte del agua posible, sin que se cumplan los requisitos legales y tasados para haber establecido la prórroga”.
El Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Tajo de la parte española es el máximo órgano de planificación y participación, y está formado por 75 miembros, que representan a las Administraciones Públicas competentes (Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales), a los usuarios (abastecimiento, regadío y aprovechamientos hidroeléctricos), así como a organizaciones y asociaciones que defienden intereses ambientales, económicos y sociales.
