El delegado de la Junta en Albacete ha hecho un llamamiento a los diferentes grupos parlamentarios para que sigan recogiendo en sus enmiendas, nuevas aportaciones realizadas por las entidades y asociaciones que trabajan con personas con discapacidad, y ha resaltado que esta normativa “pionera” se basa en dos ejes fundamentales: “un nuevo sistema de apoyos y garantía residencial”.
Pedro Antonio Ruiz Santos ha subrayado que esta nueva Legislación “pionera en España y en Europa, absolutamente necesaria y objetivo prioritario del Gobierno del presidente Emiliano García-Page”, va dirigida a personas con discapacidad cognitiva, psíquica, daño cerebral y del desarrollo, y beneficiará a cerca de 8.000 personas en la provincia Albacete, -un 20 por ciento del total de Castilla-La Mancha-.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado la concertación social del Proyecto de Ley de Apoyo y Protección Garantizada, durante la fase de consulta previa e información pública, y ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para que sigan recogiendo en sus enmiendas, nuevas aportaciones realizadas por las entidades y asociaciones que trabajan con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Así lo ha transmitido Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado de la Junta, durante un encuentro mantenido con colectivos sociosanitarios de Albacete, en la Residencia de Mayores “Paseo de la Cuba”, en el que ha subrayado que esta nueva Legislación “pionera en España y en Europa, absolutamente necesaria y objetivo prioritario del Gobierno del presidente Emiliano García-Page”, va dirigida a personas con discapacidad cognitiva, psíquica, daño cerebral y del desarrollo, y beneficiará a cerca de 8.000 personas en la provincia Albacete, -un 20 por ciento del total de Castilla-La Mancha-.
La Consejería de Bienestar Social ha estimado que son beneficiarios 35.716 personas en la Comunidad Autónoma, un 25,36 % del total de las personas con estos tipos de discapacidad que hay en Castilla La Mancha.
Ruiz Santos ha trasladado que esta normativa, está dotada con 5 millones de euros para el presente ejercicio 2018, incorporando 400 casos de tratamiento directo, y una reserva de 85 plazas residenciales, y pretende dar respuesta al artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece la obligatoriedad de reconocer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida.
Apoyo a sus Planes de Futuro y Garantía Residencial
En esta Jornada en la que el delegado de la Junta en Albacete estuvo acompañado de Antonia Coloma, directora provincial de Bienestar Social; Blanca Hernández, directora provincial de Sanidad; y Mercedes Márquez, directora provincial del Instituto de la Mujer; y los representantes de numerosas asociaciones que trabajan con personas con discapacidad, Ruiz Santos ha resaltado que el Proyecto de Ley de Protección y Apoyo Garantizado se baja en dos ejes: “Sistema de apoyos y garantía de apoyo residencial”.
Con respecto al primer objetivo, el representante del Gobierno regional ha explicado que se trata de un sistema para que estas personas puedan reflejar el recorrido vital que desean, es decir, sus planes personales de futuro, la creación de una Unidad de Mediadores, y una Oficina de Registro de carácter autonómico para cuando sus familiares directos no estén.
El segundo pilar fundamental se asienta en la garantía de apoyo residencial priorizado, una vez que la persona con discapacidad presenten limitaciones para la toma de decisiones y no cuente con sus apoyos familiares.
Durante la atención a los medios de comunicación, el delegado de la Junta de Comunidades también ha avanzado que el desarrollo de esta futura Ley, que podría estar aprobada en los próximos tres meses, se contempla lógicamente la contratación de nuevos profesionales.
