Con la abstención de IU y el apoyo de populares y socialistas se ha dado luz verde al dictamen del Departamento de Personal que propone rechazar ambas peticiones por ir en contra de la normativa vigente, en concreto, la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas
De puro trámite ha resultado el Pleno de carácter ordinario correspondiente al mes de marzo celebrado este miércoles por la Diputación Provincial de Cuenca. No en vano, tras tener en cuenta, al inicio de la sesión, las apreciaciones de la única diputada de Izquierda Unida al acta de la sesión anterior, se ha abordado el orden del día, que se ha reducido a dos únicos puntos, ambos relacionados con la solicitud de compatibilidad de dos empleados laborales de la Diputación para desarrollar una segunda actividad laboral.
De esta manera, con la abstención de Izquierda Unida y el apoyo de populares y socialistas, el Pleno ha dado luz verde al dictamen del Departamento de Personal que propone rechazar ambas peticiones por ir en contra de la normativa vigente; en concreto, la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
En el capítulo de las mociones, indicar que Izquierda Unida ha sido la única que ha presentado al plenaria dos mociones, que, por cierto, no han sido debatidas al ser rechazada su urgencia con los votos del Grupo Popular y a pesar del respaldo de socialistas e IU.
En concreto, la diputada Ana Sánchez ha planteado en primer término una moción para que la Diputación reivindique la memoria del fundador de Comisiones Obreras, Marcelino Camacho, en el Centenario de su nacimiento, apoyando las 
acciones, iniciativas y actividades promocionadas por la Comisión Estatal encargada de tal conmemoración, difundiendo la figura del sindicalista y apoyando el documental sobre su vida. Moción que no ha contado con el apoyo del Grupo Popular, que ha entendido que ya hay una Comisión Estatal que se está encargando de tal celebración y, por lo tanto, no corresponde a esta Diputación tomar alguna decisión al respecto.
IU también ha planteado otra moción sobre la reforma de las pensiones y otras medidas de orden social encaminadas a su garantía, como la supresión de las tarifas planas, bonificaciones y reducciones de cuotas a la Seguridad Social, la potenciación de las inspecciones contra el fraude o la eliminación del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización.
Cuestiones éstas ante las que el Grupo Popular se ha remitido a las últimas propuestas del Gobierno de Central, vía Presupuestos Generales del Estado para 2018, en las que se contempla una subida de las pensiones de hasta un 3 por ciento para casi 7 millones de pensionistas, incluidas las de viudedad.
