Espera que el posicionamiento que el consejero Martínez Arroyo exponga en el III Foro de la reforma de la PAC el próximo lunes, recoja las propuestas planteadas a la consejería
Para Cooperativas, la reforma de la Política Agrícola Comunitaria es la oportunidad para realizar una verdadera política de altura, que tenga como objetivo la mejora de la renta de los productores y la garantía de suministro de alimentos seguros a los ciudadanos.
La reforma se va a negociar con el Brexit de telón de fondo y con una situación en la Unión Europea de confusión política y administrativa nunca antes vista, lo que no debe ser óbice para que las incertidumbres presupuestarias derivadas, impidan perseguir la máxima eficiencia en su aplicación, sin obsesionarse exclusivamente con la cuantía del presupuesto y centrándose en la calidad de los instrumentos a poner en marcha para hacer progresar nuestra agricultura y ganadería, aprovechando las oportunidades que se presentan. Y es que en este horizonte se hace más necesaria que nunca, desechar medidas continuistas y adoptar decisiones creativas e innovadoras para mejorar sus resultados.
Y para optimizar la renta del productor, al tiempo que se garantiza una alimentación segura y un medio ambiente vivo y sostenible, desde cooperativas agroalimentarias proponemos dos vías: una mejor organización y posición de los productores en el mercado y una mejor distribución de las ayudas directas.
En cuanto al reequilibrio de la cadena agroalimentaria, se necesitan diseñar instrumentos de gestión de mercado públicos y privados que ayuden a mitigar la volatilidad de precios, y que realmente sean efectivos en periodos de crisis de las cotizaciones. Es el momento de que la PAC permita que los productores, con seguridad jurídica plena y en el seno de organizaciones interprofesionales, puedan adoptar mecanismos como la extensión de norma para normalización de los mercados en casos de crisis.
A su vez, la PAC debe avanzar en la discriminación positiva de las ayudas a las propias organizaciones de productores y cooperativas, que apuesten por la integración comercial, para reequilibrar su posición en el mercado. Al mismo tiempo, es también perfectamente posible y necesario una discriminación positiva en las ayudas directas a los productores, en función de si están asociados a organizaciones de productores o cooperativas, impulsando de esta manera el asociacionismo y a que los productores tengan relevancia e influencia en el mercado, participando y controlando también la parte comercial de su actividad, de forma organizada.
En la línea de un mejor y más justo reparto de los fondos comunitarios creemos que, siendo positiva la figura del agricultor activo, habrá que ir más allá que hasta ahora en la nueva PAC, otorgando ciertos privilegios a aquellos agricultores cuya mayor parte de su renta sea de la actividad agraria, por ejemplo, creando tramos de ayudas especiales y diferenciadas positivamente, a los agricultores profesionales.
Consideramos así mismo que hay que romper el status quo del reparto actual de las ayudas directas entre las regiones, que responden tan solo a derechos históricos adquiridos en función de regímenes obsoletos y trasnochados, de manera que tengamos un nuevo sistema más equitativo entre los productores, que aminore sustancialmente las enormes diferencias de ayudas que se cobran, incluso entre zonas agrícolas similares.
Entendemos que deben seguir existiendo los pagos asociados a sectores con determinados problemas estructurales, cómo pueden ser los sectores ganaderos e incorporar alguno más, como por ejemplo el olivar tradicional y, estando a favor de cierta regresividad en las ayudas de las grandes explotaciones, en ningún caso deben aplicarse a aquellas de carácter cooperativo, para no desincentivar la organización de la producción.
Hay que destacar también que la propuesta del comisario Phil Hogan contempla que, a partir de ahora, cada medida de la PAC que se implante vaya condicionada a los resultados que produzcan.
En éste nuevo escenario, es esencial que se garantice que no se aplicará la retroactividad de las ayudas (es decir su devolución), en el caso de que no se consigan los resultados esperados. De no ser así puede suponer un gran problema para la administración y los propios productores, ya que provocaría inseguridad jurídica y por tanto impedirá aprovechar los instrumentos de la PAC.
Cooperativas valora positivamente la puesta en marcha del proceso abierto por parte de la consejería de Agricultura, para conocer las propuestas de los agentes sociales, sobre su posicionamiento ante la próxima reforma de la PAC, en el que Cooperativas ha participado activamente haciendo llegar nuestras propuestas.
Pero del mismo modo entiende que, previamente a la reunión del Foro abierto del próximo lunes, OPAs y Cooperativas, deberían de haber tenido oportunidad de conocer su enfoque, por boca del consejero Martínez Arroyo, en atención al modelo de interlocución a la que el consejero se ha comprometido y que él mismo ha manifestado de forma reiterada en múltiples ocasiones.
