CSIF considera que las políticas ejecutadas por la Junta de Comunidades no consiguen crear empleo estable y se mantiene una nociva vinculación con los cambios estacionales de la actividad
Castilla-La Mancha concluyó el pasado año con 196.500 personas desempleadas según los datos la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), un dato muy similar al que se cerró el 2009 (192.300 parados) y que podría ser considerado positivo de no ser por las importantes fluctuaciones que sufre el mercado laboral en la región: nuestra comunidad autónoma perdió 15.500 empleos en el último trimestre de 2017.
Todos los sectores aumentaron el número de desempleados: 4.100 en industria, 3.500 en servicios, 1.600 en agricultura, 2.200 en construcción y en el sector público descendía el número de ocupados en 4.700 personas. Además, se siguen destruyendo puestos de trabajo en el empleo joven, una etapa importante en el acceso al primer trabajo: 6.600 parados más en la franja de edad de 16 a 24 años.
El Gobierno regional no puede ampararse en los datos interanuales, ya que a pesar de que es cierto de que Castilla-La Mancha cerró 2017 con 22.500 parados menos respecto que el año anterior, también lo es que la estacionalidad no puede ser tan determinante en el mercado laboral de la región. Es más, el trabajo continúa precarizándose: los contratos temporales aumentaron 2.3 puntos en el último trimestre frente al descenso de la contratación indefinida.
La tasa de paro de la población activa el 19,74% en la región, pero también sobre este dato hay diferencias provinciales: Ciudad Real (23,30 %), Albacete (22,01 %), Toledo (20,33 %), Cuenca (17,18 %) y Guadalajara (10,48 %).
Para CSIF, las políticas ejecutadas por la Junta de Comunidades no consiguen crear empleo estable y se mantiene una nociva vinculación con los cambios estacionales de la actividad. Es más, la Central Sindical recuerda que el Plan Extraordinario de Empleo de Castilla-La Mancha 2015-2017 supuso una subvención por parte de la Administración regional de más de 2 millones de euros a favor de CCOO, UGT y Cecam, organizaciones que mes tras mes crítican las cifras arrojadas por el Ministerio de Empleo y la EPA, sin que se haya conseguido frenar la precariedad del mercado laboral en la región.
