El presidente del Ejecutivo autonómico ha pedido al Gobierno central que no use las entregas a cuenta pendientes a las comunidades autónomas como “rehenes”, ya que la factura “la terminan pagando los ciudadanos y los contribuyentes”, y de ellas dependen políticas como la educación, la sanidad, las prestaciones sociales o las políticas de empleo.
García-Page ha denunciado el incremento desmesurado de la deuda de Castilla-La Mancha durante la legislatura 2011-2015, lo que llevó a duplicar la misma en tan sólo cuatro años de mandato ‘popular’. Un resultado que, tal y como ha denunciado el presidente regional, se basó en la fórmula de despedir a más de 20.000 funcionarios y de acudir “al banco”, utilizando el ahorro como subterfugio.
El presidente del Ejecutivo castellano-manchego ha asegurado que tanto él como el president del Consell, Ximo Puig, “mantenemos un objetivo común” respecto a la política de agua, que no es otro sino “intentar acercar posiciones” aun sabiendo que existen posicionamientos contrarios en ciertos aspectos. En cualquier caso, García-Page ha hecho hincapié en que “para que haya un acuerdo nacional debe de haber consenso previo”, o preparación hacia ese consenso “entre Valencia, Castilla-La Mancha y Murcia”.
Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha exigido al Gobierno central la celebración “lo antes posible” de una nueva Conferencia de Presidentes Autonómicos en la que se actualicen “los problemas y coordenadas” de cada una de las comunidades autónomas, con el objetivo de abordar un nuevo modelo de financiación que sirva para “blindar para siempre la educación, la sanidad y las prestaciones sociales”.
Así lo ha subrayado el presidente del Ejecutivo regional, quien este sábado ha mantenido una reunión de trabajo en Valencia con su homólogo al frente del Consell, Ximo Puig, y en la que también han participado Juan Alfonso Ruiz Molina, responsable regional de Hacienda y Administraciones Públicas, y Vicent Soler, consejero de Hacienda y Modelo Económico del Gobierno valenciano.
El presidente regional ha presentado una declaración conjunta con Ximo Puig en la que ambas comunidades autónomas instan al Ejecutivo central a asumir el debate sobre el futuro del Sistema de Financiación Autonómica; un nuevo modelo en el que, como ha detallado el presidente del Consell, todos los ciudadanos tengan derecho a acceder a un nivel equivalente de los servicios públicos, independientemente del territorio en el que vivan; que no se utilicen las entregas a cuenta como elemento de chantaje político; la eliminación del llamado “dumping fiscal” entre autonomías; la distribución equilibrada del déficit entre las administraciones públicas; y el reconocimiento de que los niveles de deuda son consecuencia, en una parte fundamental, de la falta de falta de ingresos y que, por tanto, se reestructure la deuda de las autonomías.
El presidente de Castilla-La Mancha ha lamentado la actitud al respecto, asegurando que éste se encuentra “agarrotado” ante el reto de los problemas que afectan a los aspectos “estructurales” de la política nacional, algo, ha recalcado, “que afecta directamente a los ciudadanos”.
Del mismo modo ha adelantado que los conjuntos de las comunidades autónomas ofrecerán próximamente “las cifras dolorosas de la política de retraso” del Gobierno de España, consistente en “mirar los problemas de perfil” y que “tanto daño hace en lo estructural”; una estrategia que, de seguir, ha asegurado García-Page, seguirá suponiendo un ataque a la sanidad, la educación y los servicios sociales que gestionan directamente las comunidades autónomas.
En la misma línea, el presidente castellano-manchego ha hecho hincapié en que ni Cataluña ni el desafío independentista pueden ser una excusa para que el Ejecutivo de Mariano Rajoy siga postergando el debate sobre el Sistema de Financiación Autonómica.
García-Page asimismo ha pedido al Gobierno central que libere el actual bloqueo de las entregas a cuenta que convierte a las comunidades autónomas en “rehenes” de una política que finalmente terminan pagando “los ciudadanos y contribuyentes”, ya que esas cuantías repercuten en servicios “habituales” como la sanidad, la educación, los servicios sociales o en materias como las políticas de empleo y de dinamización económica.
Por último, el presidente de Castilla-La Mancha ha valorado la propuesta de reestructurar la deuda de las regiones “tanto de forma transitoria”, hasta que haya acuerdo sobre financiación a nivel nacional, o incorporándolo al paquete definitivo del nuevo sistema, “sin que se incorpore la quita de la deuda”.
En este sentido, ha lamentado el incremento de la deuda autonómica bajo mandato ‘popular’ tanto en la Comunidad Valenciana como en Castilla-La Mancha, donde en cuatro años de gobierno se llegó a duplicar la cantidad adeudada por la región. Un incremento desmesurado que se produjo bajo la excusa del ahorro y que, tal y como ha explicado García-Page, conllevó el despido de más de 20.000 trabajadores públicos y un continuo uso de préstamos bancarios.
Pacto Nacional del Agua
A preguntas de los periodistas, el presidente de Castilla-La Mancha también se ha referido a la necesidad de abordar un debate para alcanzar un auténtico acuerdo nacional en materia hídrica y en el papel que tanto la región como la Comunitat Valenciana deben jugar al respecto. En este sentido, el presidente regional ha asegurado que “ambos presidentes mantenemos un objetivo común, que es intentar acercar posiciones”, a pesar del respeto mutuo por las diferentes opciones que se defienden desde los ejecutivos castellano-manchego y valenciano.
“La situación del agua es de emergencia en el país”, ha reconocido García-Page, quien también ha adelantado que el Gobierno de España está ya hablando con los diferentes partidos políticos para plantear escenarios si persiste la actual situación de déficit hídrico.
En cualquier caso, ha apostillado el presidente castellano-manchego, “para que pueda haber un acuerdo nacional, ese acuerdo necesita del consenso previo de Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Murcia”; un escenario para el que García-Page ha mostrado su disposición a mantener los encuentros públicos y “discretos” que sean necesarios, bajo la base de los diferentes posicionamientos que existen en este momento. Se trata, además, de una “exigencia que nos está planteando Europa, el clima y la realidad”, ha remarcado el presidente.
Del mismo modo, ha reiterado que la necesidad de alcanzar este acuerdo pone de manifiesto que el llamado Memorándum del Tajo-Segura fue un pacto “estéril” y una “falsedad” y que, por tanto, “no existe política de acuerdo sobre agua en España”.
Declaración conjunta de la junta de comunidades de castilla-la mancha y la generalitat valenciana sobre la reforma del sistema de financiación autonómica
Una vez que ha finalizado la fase de elaboración del informe por la comisión de expertos y que se ha cumplido un año del acuerdo de la Conferencia de Presidentes, que se celebró el 17 de enero de 2017, se constata una vez más el incumplimiento de los plazos por parte del Gobierno de España para la urgente reforma del Sistema de Financiación Autonómica. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Generalitat Valenciana compartimos el diagnóstico respecto al funcionamiento del actual modelo, así como una serie de premisas para su reforma:
1.- La reforma del sistema de financiación autonómica no debe abordarse como un debate de territorios, sino con el objetivo de mejorar el funcionamiento del Estado del Bienestar en España, poniendo en el centro de atención las necesidades de las personas, con independencia del territorio donde vivan.
Las Comunidades Autónomas somos las administraciones competentes en la prestación de tres de los pilares básicos del Estado del Bienestar, como son la sanidad, la educación y los servicios sociales. Un sistema de financiación justo y suficiente es imprescindible para revertir los recortes que se realizaron en esta materia.
2.- Es evidente que existe una insuficiencia en los recursos asignados por el actual Sistema de Financiación Autonómica a estas funciones.
Las Comunidades Autónomas no derrochan en sanidad, educación y protección social. En realidad, el gasto de las Comunidades Autónomas se encuentra 4 puntos de PIB por debajo de la media de los países de la Eurozona, es decir, 40.000 millones de euros por debajo de lo que gastan los mismos en estas funciones de gasto.
Resolver este problema de insuficiencia estructural para financiar el gasto en sanidad, educación y protección social de las Comunidades Autónomas debe ser el primer y el principal objetivo del nuevo Sistema de Financiación Autonómica.
Es imprescindible equilibrar los gastos y los recursos atribuidos a cada nivel administrativo, corrigiendo el desequilibrio vertical generado por la crisis y por las políticas establecidas por el Gobierno de España. En este sentido, las fuertes subidas fiscales del IVA, los impuestos especiales y otros tributos realizadas por los Gobiernos del PP, merced al vigente modelo de financiación, no han supuesto mayores recursos para las Comunidades Autónomas ni, por lo tanto, han contribuido a mejorar la sanidad, la educación y los servicios sociales.
3.- Hay que construir un sistema que equipare en recursos a las distintas regiones. Todos los ciudadanos, independientemente del territorio en el que residan y de su capacidad fiscal, tienen derecho a acceder a un nivel equivalente de servicios públicos a prestar por las Comunidades Autónomas. Esta es una reivindicación de equidad.
Ninguna de las Comunidades Autónomas de régimen común tiene un exceso de recursos, como demuestra el nivel de ingresos del que disponen las Comunidades Forales para un nivel de competencias homogéneo. Las desigualdades de financiación existentes respecto a los indicadores de necesidad deben ser resueltas mediante la corrección de la insuficiencia global en el nuevo Sistema, de forma que sea factible respetar el Statu Quo nominal en el año base del modelo.
4.- El sistema de financiación debe proporcionar estabilidad a la financiación, al menos, de la sanidad, la educación y los servicios sociales. En otras palabras, su nivel de gasto debe estar protegido de las oscilaciones del ciclo económico. En este sentido, debe construirse una garantía a largo plazo mediante reglas de gasto prudentes y la creación de un fondo de reserva (tal como sucede con las pensiones), de forma que se protejan los recursos necesarios para la prestación de tales servicios en momentos de caída de los ingresos tributarios.
5.- Asimismo, debe asegurarse la aplicación efectiva del principio de lealtad institucional entre el Estado y las Comunidades Autónomas, así como el de las Comunidades Autónomas entre sí. Ello significa, en primer lugar, que las nuevas necesidades de gasto deben ir acompañadas de los recursos correspondientes y puesto que la mayoría de las normas que regulan los niveles de prestación de los servicios públicos fundamentales emanan del Estado, éste debe comprometerse con su financiación.
En segundo lugar, supone también que no se pueden usar instrumentos del modelo de financiación, como las entregas a cuenta en manos del Gobierno de España, como elemento de chantaje político a las Comunidades, ya que se perjudica la calidad de los servicios prestados por éstas.
6.- Ha de acometerse un proceso de armonización fiscal que evite la competencia fiscal desleal y salvaguarde la corresponsabilidad fiscal.
Esta es una condición necesaria para que cualquier sistema de financiación autonómica funcione de manera eficiente y equitativa. La ausencia de armonización fiscal puede provocar que los ciudadanos decidan su domicilio fiscal no por sus preferencias o condiciones personales, sino por la legislación tributaria de las Comunidades Autónomas con la consiguiente desigual e injusta distribución de la carga tributaria.
7.- De acuerdo con lo anteriormente señalado, el nuevo modelo debe ser sencillo, transparente, predecible y, por tanto, permitir la planificación a medio y largo plazo, lo que coadyuvará a una mejor consolidación fiscal en las Comunidades Autónomas.
8.- Durante los últimos años la contribución al esfuerzo de reducción del gasto público de las distintas administraciones ha sido muy desigual y, en absoluto, proporcional a sus pesos respectivos en el gasto público. La Administración central ha soportado un 20,5% de los ajustes, las Comunidades Autónomas el 62,2% y las corporaciones locales el 28,1%. En sentido contrario, la Seguridad Social ha contribuido a incrementar el gasto un 10,8% en estos años. Es decir, la reducción del gasto público ha sido lograda en un 95% por el esfuerzo de las administraciones subcentrales: las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales.
9.- Como consecuencia de la insuficiencia de ingresos y pese a las reducciones de gasto en todos los ámbitos, las Comunidades Autónomas han incrementado su endeudamiento entre 2009 y 2016 en 173.958 millones de euros. Si el sistema de financiación hubiera provisto los recursos necesarios para cubrir el gasto en servicios públicos fundamentales (al igual que ha sucedido con las prestaciones sociales del ámbito de las administraciones centrales), las Comunidades Autónomas hubieran dispuesto en ese periodo de 191.498 millones de euros adicionales, un cifra superior a la del endeudamiento autonómico.
En consecuencia, debe abordarse la problemática derivada de los déficits presupuestarios generados por la infrafinanciación autonómica desde el principio y, particularmente, en el periodo 2009 a 2017, que se ha traducido en un nivel de deuda que amenaza la viabilidad financiera de la totalidad de Comunidades Autónomas de régimen común. La infrafinanciación que han experimentado las Comunidades Autónomas debe ser tratada y solucionada como un problema de Estado.
Todas las Comunidades estamos infra financiadas, pero algunas más que otras. Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana son de las más infra financiadas, presentando unos de los menores gastos por habitante. Nuestros niveles de deuda no son consecuencia, por lo tanto, de un exceso de gastos, sino de una clara e injusta insuficiencia de los ingresos proporcionados por el modelo. Por eso consideremos justa y necesaria una reestructuración y rebaja de la deuda que soportamos ambas Comunidades.
