El delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Cuenca, Ángel Tomás Godoy considera “injustificado e irresponsable” el rechazo del Ayuntamiento de Cuenca al nuevo convenio de Servicios Sociales, pues “sobran las razones para tal rechazo”, ha dicho el concejal del Área de Atención a las Personas e Igualdad, José María Martínez, a pesar de lo cual el Grupo Municipal Popular votó a favor en el pleno extraordinario del día 21 de agosto, porque está dispuesto a firmarlo a pesar de sus limitaciones y en aras del beneficio de los usuarios; los que han provocado que no se firme son los concejales socialistas, que se abstuvieron cuando se necesitaba mayoría cualificada para aprobarlo.
Martínez ha sugerido al señor Godoy que pregunte a sus compañeros del Grupo Municipal Socialista por qué se abstuvieron de votar a favor de un convenio elaborado por su partido y que se le había presentado al Ayuntamiento ya cerrado, simplemente porque el Equipo de Gobierno seguirá pidiendo a la Junta que financie el 100%, “por ‘pedir que no quede’ que estamos seguros que el señor García Page no dará”. La incoherencia del Partido Socialista quedó más que patente dando muestras de que los servicios sociales les importan muy poco presentando un convenio recortado a mitad de agosto.
La razones que ha esgrimido José María Martínez para no estar conforme con el convenio son en primer lugar porque el gobierno de Emiliano García Page ha cambiado este convenio de forma unilateral; ha bajado la financiación en 30.000 euros en el Plan Local de Integración Social (PLIS) y el Ayuntamiento ha subido la hora de la ayuda a domicilio a 14 euros, mientras que en el convenio se fija en 12,40 euros, dato que demuestra que a los gobernantes socialistas les importan muy poco las condiciones de los trabajadores de este servicio. Si quiere más justificaciones aquí tiene otra: El Ayuntamiento de Cuenca incrementaría su aportación en 159.000 euros más que antes, razón más que suficiente para que sus responsables se vean en la obligación de defender los intereses de los ciudadanos y si otros ayuntamientos de la comunidad autónoma no lo hacen y acatan sus convenios sin rechistar, “allá ellos”; pero el de Cuenca debe velar por los usuarios de estos servicios y no puede firmar un convenio sin más, a ciegas, sin plantearse qué consecuencias tendrá tanto económicas como de atención a las personas y condiciones de los trabajadores; además teniendo en cuenta que se ha presentado con retraso y con recortes.
El nuevo convenio establece una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022; 5 años, con posibilidad de prórroga por un periodo de hasta 4 años, teniendo efectos económicos desde el 1 de enero de 2017, dado el carácter de continuidad del servicio que se presta. Mientras que años anteriores se renovaba anualmente. Sorprendentemente, se señala en la cláusula decimocuarta que con carácter anual se procederá́ a actualizar el importe de los convenios mediante un anexo, en el que se establecerán las cuantías actualizadas para cada ejercicio, “estando sujeto a la condición en cada ejercicio de existencia de crédito».
Martínez ha negado las afirmaciones de Godoy sobre que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento no haya puesto ninguna pega al convenio, el concejal ha asegurado que en la reunión a la que alude Godoy, él personalmente expresó su total desacuerdo con los términos del decreto del convenio, puesto que el Ayuntamiento perdía dinero y que dicho decreto se le presentase ya cerrado y sin posibilidad de hacer ninguna aportación. “Cuando estaban elaborando el decreto no se nos pidió ninguna participación”, ha dicho el edil.
José María Martínez ha finalizado diciendo que en una cosa sí está de acuerdo con Godoy, en pedir a las demás fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento que reflexionen ante la barbaridad que pueden provocar si no se firma el convenio.
