El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha abogado por que sea el Estado, que parece no tiene las prisas que el resto, el que lidere la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica partiendo del informe elaborado por los expertos y, desde luego, poniendo números tanto a los ingresos como a las necesidades de gasto de las Comunidades Autónomas.
Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, ha resaltado hoy que el informe que el grupo de expertos ha elaborado sobre el nuevo modelo de financiación autonómica debería ir acompañado de cifras “para que podamos simular, tanto desde el punto de vista de ingresos como de gastos, cuál es el resultado de lo que se contiene en el mismo”.
Ruiz Molina así lo ha manifestado tras finalizar el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se ha celebrado en Madrid, presidido por Soraya Sáez de Santamaría, vicepresidenta, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Cristóbal Montoro, compañía del ministro de Hacienda y Función Pública.
Según ha resaltado Ruiz Molina, el tema más novedoso que se ha tratado en la reunión respecto a otros Consejos de Política Fiscal y Financiera ha sido precisamente el informe que el grupo de expertos ha elaborado sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, que ha sido entregado a las Comunidades Autónomas.
Sobre este asunto, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha agradecido el esfuerzo hecho por los expertos, aunque ha reconocido sentir “cierta decepción” por dos motivos.
Por una parte, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha considerado que “es difícil hablar solo de principios y no hablar de cómo esos principios se traducen en ingresos para las diferentes Comunidades Autónomas”, al no incluir cifras.
Por otro lado, Ruiz Molina ha explicado que desde Castilla-La Mancha también se echa de menos “que no se haya contemplado que no estamos hablando de un sistema exclusivamente de financiación de las Comunidades Autónomas, sino de un sistema de financiación de los servicios públicos y, por lo tanto, hay que contemplar también los servicios públicos que presta el Estado y, desde luego, los ingresos con los que se queda el Estado para financiar esos servicios públicos”.
En este sentido, Ruiz Molina ha manifestado que igual que se discute la distribución más eficiente de los objetivos de déficit entre el Estado y las Comunidades Autónomas y se defiende que es desproporcionado el esfuerzo que se exige a las regiones en relación con la Administración central ya que “a la hora de abordar el sistema de financiación hay que abordar también que servicios prestamos cada nivel de Administración Pública”.
Además, Ruiz Molina ha abogado hoy por que sea el Estado, que parece no tiene las prisas que el resto, el que lidere la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica partiendo del informe elaborado por los expertos y, desde luego, poniendo números tanto a los ingresos como a las necesidades de gasto de las Comunidades Autónomas.
En cuanto a la posición de Castilla-La Mancha de cara al nuevo modelo de financiación, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha subrayado que está en contra del principio de ordinalidad, es decir, considera que debe primar el principio de solidaridad, “de tal manera que todos los ciudadanos reciban el mismo nivel de prestación de servicios públicos con independencia de la riqueza que tenga cada una de las Comunidades Autónomas y en eso vamos a ser bastante peleones”.
En la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se han entregado a las Comunidades Autónomas las cifras de las entregas a cuenta para 2018, correspondiendo a Castilla-La Mancha unos 4.900 millones.
En último lugar, Ruiz Molina ha señalado que Castilla-La Mancha ha votado en contra, al igual que hizo en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, de los objetivos de déficit para las Comunidades Autónomas para el trienio 2018-2020 al estar en desacuerdo con la distribución de los objetivos entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
