Jiménez y el concejal de Promoción Económica, Iván Rodrigo, les han acompañado en la concentración que esta mañana han realizado a las puertas del Ayuntamiento
Inmaculada Jiménez, alcaldesa de Tomelloso, y Iván Rodrigo, concejal de Promoción Económica, han mostrado su apoyo a los trabajadores de la Panificadora, que se han vuelto a concentrar, en esta ocasión ante las puertas del Ayuntamiento dando así más visibilidad a su protesta, con el fin de seguir exigiendo soluciones a la situación que les ha dejado sin puesto de trabajo y en muchos de los casos, con varios meses de salario pendientes, tras el cierre de la empresa, el pasado 24 de marzo, fecha en la que fue precintada por orden de Sanidad.
Jiménez ha lamentado la situación que atraviesan estos trabajadores “que lo están pasando terriblemente mal porque no tienen soluciones y se encuentran actualmente en un limbo legal, con situaciones personales y familiares, muchos de ellos, muy difíciles”.
Y es que a día de hoy y a pesar de que la empresa acordó en junta extraordinaria de socios, celebrada a primeros de este mes de mayo, tramitar un expediente de regulación de empleo de carácter extintivo, finalmente no se ha dado ningún paso en este sentido con lo que los trabajadores ni tienen trabajo, ni cobran sus salarios, pero tampoco han sido despedidos, por lo que no pueden acceder al cobro de las correspondientes prestaciones por desempleo.
Aunque poco puede hacer el Ayuntamiento de Tomelloso al tratarse de una empresa privada, Jiménez ha querido mostrarles su apoyo, escucharles, acompañarles “e intentar asesorarles en la medida de nuestras posibilidades”.
La alcaldesa ha lamentado también que una empresa con tanta tradición en Tomelloso haya tenido un final así.
En la concentración han participado representantes del sindicato Comisiones Obreras. David Vera, secretario General de CCOO-Industria de Ciudad Real, ha explicado que en este momento, la única solución que les queda a los trabajadores es esperar a que los juzgados emitan su resolución en el caso de aquellos trabajadores que decidieron emprender acciones legales contra la empresa porque, aún en el caso de que ésta decidiera ahora emprender la tramitación del ERE, “cosa poco probable”, asegura el responsable sindical, ésta tardaría más que la resolución del juzgado, que esperan se produzca en julio.
Les, ha reiterado la única solución que ven posible, aunque lo único que podrán conseguir es el cobro de cuatro meses de salario, que es lo que cubre el fondo de garantía y las correspondientes indemnizaciones, “que tardarán en llegar”.
Algunos trabajadores llevan entre tres y ocho meses sin cobrar y sin trabajo efectivo desde el pasado 24 de marzo, fecha en la que la empresa cerró por orden de Sanidad, debido a las deficientes condiciones de salubridad en las que elaboraba sus productos, incumpliendo la normativa.
