Amalia Gutiérrez, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete), ha informado del Pleno correspondiente al mes de marzo, en el que se trataron diferentes temas propuestos por el alcalde socialista, “entre los cuales, no iba ningún punto relacionado con el escándalo del servicio privatizado de la piscina municipal”.
La oposición se vio en la obligación, ante la situación, de abordar el tema en el punto de Asuntos de urgencia, y finalmente se ha acordado en Pleno la creación de una comisión de investigación con un objetivo claro como es el de analizar las posibles irregularidades en la adjudicación y privatización de parte de servicios de las piscinas municipales y el pago de servicios no prestados.
Ha recordado Gutiérrez que “esta investigación nace como consecuencia de las denuncias tanto verbales, como escritas, recibidas en el PP por parte de ciudadanos, así como del análisis de documentos oficiales y de diversos informes”.
“El PP –ha dicho Amalia Gutiérrez-, ante las diferentes informaciones recibidas y las negativas del equipo de gobierno a facilitar la información que durante meses le hemos venido pidiendo, nos hemos visto en la obligación de denunciar públicamente los hechos”.
La denuncia pública que hizo el PP iba acompañada de la petición de una reunión de portavoces de todos los grupos políticos en la que se pudiera analizar el expediente completo de privatización y el alcalde diera todas las explicaciones, “pero el alcalde no ha querido reunirnos ni dar ni una sola explicación al respecto, a lo que podemos añadir que en el Pleno celebrado ayer le formulamos distintas preguntas y no respondió ni a una sola de ellas, de la misma manera que tampoco contestó la teniente alcalde Trinidad Moyano”.
Ha remarcado Amalia Gutiérrez una de las preguntas que le formuló al alcalde socialista y era que “por qué se contrató con una empresa en quiebra, en contra de lo que marca la ley, algo que se hizo precisamente en una mesa de adjudicación y valoración con Trinidad Moyano como presidenta, la cual tampoco quiso dar ninguna respuesta”.
Se han resumido, por parte del PP, lo que se desprende de los documentos analizados, “y existen serias dudas sobre el procedimiento de adjudicación, así como serias dudas sobre el cumplimiento de las dos únicas condiciones que impuso el alcalde y la ley, como son: sobrepasar con creces el máximo de seis meses de contrato y sobrepasar el límite de facturación y pago de los 18.000 € que marca la ley”.
Estas dos condiciones se han incumplido a sabiendas, ya que el alcalde firmó de su puño y letra la resolución que lo advertía, han añadido desde el Grupo Popular.
Desde este mismo grupo se siguen preguntando “por qué no cuadraban las facturas contabilizadas y pagadas con las horas realizadas por los monitores, según informe de los técnicos; así como por qué hay facturas contabilizadas y con el visto bueno del concejal, por importe mayor del que corresponde”.
Amalia Gutiérrez ha dicho que todos estos interrogantes se trasladaron en el Pleno tanto a Alberto González como a Trinidad Moyano, “y algo feo tiene que ocurrir cuando se niegan a cumplir con su obligación de explicar qué ha pasado; todo esto nos lleva a pensar que ha podido haber abuso de poder en beneficio de intereses privados, en contra del ayuntamiento y en contra de los ciudadanos”.
Ha finalizado diciendo que “el alcalde con su silencio es cómplice de lo ocurrido, no ayuda nada a aclarar los hechos y lo queestá consiguiendo es que crezcan las dudas sobre este tema”.
