La Junta de Gobierno del pasado 17 de febrero aprobaba el segundo expediente de enajenación de la ganadería de vacuno de lidia que se conserva en la finca El Borril, que fue adquirida por el anterior equipo de Gobierno del PP, y que vuelve ahora a salir a la venta conforme publica el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del nueve de marzo pasado, por el precio mínimo de salida de 22.103,196 euros, con IVA incluido.
El gobierno provincial de Álvaro Gutiérrez vuelve a iniciar el expediente del pliego de cláusulas administrativas para proceder a la segunda subasta y enajenar la ganadería de ganado vacuno adquirida por el Gobierno de la anterior legislatura.
Cómo ya se ha especificado, los actuales gestores de la Diputación de Toledo entienden que la ganadería puesta a la venta no satisface los objetivos didácticos del proyecto educativo que se impulsa desde la finca “El Borril”, cumpliendo así con su promesa de deshacerse de un capricho personal de García-Tizón que se aleja dimensionalmente de las prioridades sociales de la Institución toledana.
La intención del equipo de Gobierno del presidente Álvaro Gutiérrez es desprenderse cuanto antes de estas reses bravas, que no contribuyen para nada al cumplimiento de los fines y competencias de la Diputación provincial y, por el contrario, su mantenimiento obligaría a destinar recursos públicos en detrimento de todos los ciudadanos y sus prioridades reales.
Mantener una ganadería es, en opinión del actual equipo de Gobierno, tan cuestionable como rechazable, e incompatible con las prioridades esenciales de la Corporación provincial, y en absoluto necesaria desde ninguna perspectiva.
Tras quedar desierto el primer intento de enajenación de la ganadería, se vuelven ahora a poner a la venta un total de ocho lotes de ganada vacuno, agrupados según sus ganaderías de origen (Mariano Arroyo, Fernando Peña, Santiago Pasil, El Montecillo, Conde de Mayalde, El Ventorrillo, Sánchez León y los cabestros).
El pliego establece, por tanto, la venta de 55 reses en ocho lotes diferenciados, con un precio de salida inferior en un 15 por ciento que, en la anterior ocasión, tal y como establece la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Si no se vendiese volvería a salir a licitación por una tercera y cuarta ocasión, con una rebaja, en cada caso, del 15 por ciento, sin descartar la opción de una adjudicación directa si hubiese interés acreditado en los lotes puestos a la venta.
