La Corporación Provincial ha celebrado hoy sesión ordinaria de Pleno donde se han tratado otros asuntos relativos a la delegación de competencias del Servicio de Recaudación, entre otros
El Pleno de la Diputación Provincial de Guadalajara celebraba ayer viernes 19 de febrero ha dado cuenta del cumplimiento de las obligaciones trimestrales de suministro de información correspondiente al cuarto trimestre de 2015 que acreditan que la Diputación cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, con el objetivo de la regla de gasto y con el de deuda pública. De esta forma se pone de manifiesto el cumplimiento estricto del principio de transparencia como base del funcionamiento de esta administración pública en concreto.
Así mismo el Pleno también aprobaba la aceptación de delegación de competencias de varios municipios de la provincia en relación al Servicio de Recaudación que presta la Institución a los ayuntamientos. En este sentido, las localidades de La Huerce, Torrejón del Rey y la EATIM de Valdepinillos han delegado las competencias en materia de recaudación ejecutiva de los tributos y otros ingresos de derecho público de vencimiento no periódico. Cada vez son más los municipios que delegan dichas competencias al Servicio de Recaudación de la Diputación constatando el buen funcionamiento del servicio que ha mejorado considerablemente en los últimos años.
En otro orden de cosas, quedaba rechazado el recurso de reposición contra acuerdo plenario de 29 de diciembre de 2015 sobre la adecuación de los órganos de gobierno del Consorcio de Residuos presentado por el Grupo Socialista. Tal y como reiteraba el diputado responsable, Francisco Javier Pérez, “no se va a suprimir la asamblea del Consorcio de Residuos, sino que la adaptamos a la ley”, ha dicho lamentando, una vez más, “el constante intento de judicialización de este proceso por parte del portavoz socialista”. Pérez del Saz volvía a explicar que este órgano superior del Consorcio de Residuos se adaptará a la ley “como no puede ser de otra manera, en cumplimiento de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que obliga a realizar una clasificación de los Consorcios reduciendo el número de miembros de sus órganos colegiados y, en consecuencia, de la Asamblea General”.
