El concejal de igualad denuncia una sobre financiación del recurso en los años anteriores y el engaño del equipo de gobierno anterior que no cumplió los acuerdos de pleno de mantener el recurso a través de gestión del propio ayuntamiento.
El ayuntamiento de Alcázar de San Juan, ha solicitado al Instituto de la Mujer la gestión pública del Centro de Urgencias para Mujeres víctimas de violencia doméstica (CUR) después de que el anterior equipo de gobierno adjudicara el servicio a la empresa de la mujer del vicepresidente del PP y actual concejal.
Mario Cuartero, concejal de Igualdad, del consistorio alcazareño, ha anunciado que espera que el ayuntamiento consiga en pocos días la adjudicación definitiva de la gestión del Centro de Urgencias para Mujeres víctimas de violencia doméstica cumpliendo así el compromiso adquirido, y demostrando que el ayuntamiento es firme en su lucha contra la violencia de género.
El actual equipo de gobierno considera muy importante la gestión de este recurso para la erradicación de este tipo de violencia y desde el primer momento, con el trabajo entusiasta y profesional -ha dicho-, de los funcionarios que han trabajado para conseguir la adjudicación de la gestión del CUR que solo está a falta de que se resuelva alguna alegación presentada.
El concejal ha acusado al equipo de gobierno anterior de saltarse los acuerdos del pleno que se tomaron por unanimidad y dar la
gestión del CUR a la Asociación de la Mujer del vicepresidente del PP en Alcázar de San Juan y actual concejal. Además afirma que el ayuntamiento ha sobre financiado el Centro ya que se hacía cargo de los gastos de funcionamiento que ya se financiaban con la subvención que se recibe del Instituto de la Mujer. Estos gastos se cuantifican en 57 mil euros que deberían estar incluidos en los 229 mil de la subvención de 2012 pero el ayuntamiento se hizo cargo, “tenían que tener mucho dinero para pagar algo que ya pagaba el Instituto de la Mujer”, dice el concejal que insiste en que el quipo de gobierno anterior hizo dejación de funciones, incumplió los acuerdos de pleno y demostró claramente falta de transparencia y lo que entonces fue calificado por el PSOE de “amiguismo”,
La adjudicación en aquel momento fue recurrida por el resto de empresas que concurrieron al proceso de adjudicación y salieron a la prensa a denunciar opacidad en el proceso, y además denunciaron desigualdad de condiciones ya que no sabían que podían contar con el dinero que el ayuntamiento iba a financiar aparte y no pudieron bajar sus presupuestos.
En su momento recuerda Cuartero que la concejala Amparo Bremard denunció el caso y lo único que recibió fueron insultos como que era “la abogada de los maltratadores”.
Ahora el equipo de gobierno promete gestión pública y transparente para este recurso que considera muy importante y que complementará con diversas acciones de concienciación.
