Artículo de Opinión por Roberto Martín Ramírez. Presidente del Colegio de Enfermería de Toledo
La profesión y los profesionales de enfermería, caracterizados por su entrega al servicio de la salud de los ciudadanos, con sacrificio de aspectos personales y familiares en su desempeño, se ve ahora engañada por el Gobierno del Sr. Rajoy como respuesta a la presión de un sector médico residual, minoritario y, en cualquier caso, representativo de lo más rancio y conservador de todo el espectro social, alejado de la realidad social y sanitaria de nuestro Sistema sanitario público y que defienden únicamente intereses corporativos.
Desde la publicación de la Ley del medicamento del año 2006, el trabajo diario de la enfermería se realizaba en una situación de alegalidad-ilegalidad en tanto en cuanto los profesionales que únicamente podían prescribir medicamentos eran los médicos y los odontólogos. Tras un periodo de debate y lucha de casi 10 años y tras unas 90 modificaciones del texto, se consiguió negociar, pactar y consensuar un Proyecto de Real Decreto entre el Consejo General de Enfermería, el sindicato de enfermería -SATSE- y el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales que permitía a las enfermeras poder realizar las actuaciones en materia de prescripción que venían realizando con seguridad jurídica.
Llegados a este punto y tras ser aprobado por el Consejo Interterritorial y con el informe favorable del Consejo de Estado, el Consejo de Ministros el día 23 de octubre de 2015 aprobó el Real Decreto que regula la prescripción enfermera, modificando, con alevosía y nocturnidad, el art. 3 del texto a espaldas de los interlocutores afectados, menospreciando y humillando a una profesión que abarca un colectivo en toda España de 270.000 profesionales.
Como consecuencia de esta modificación, ningún enfermero o enfermera podrá usar, indicar ni autorizar la dispensación de cualquier medicamento sujeto a prescripción médica, y será siempre un médico el que establecerá en cada caso concreto y en cada momento, un diagnóstico, prescripción y asignación de protocolo, siendo el médico incluso el que deberá realizar el seguimiento de los efectos y la seguridad de dicho medicamento prescrito.
En definitiva, si se aprueba en el Boletín Oficial del Estado este Real Decreto, las enfermeras del centro de salud que cuidan las úlceras por presión de sus pacientes, que aumentan y disminuyen la insulina de los diabéticos, las enfermeras que cuidan a las personas mayores en los centros sociosanitarios, las matronas que asisten solas al parto, las enfermeras que trabajan en urgencias, unidades de cuidados intensivos, quirófanos, plantas de hospitalización, las enfermeras que investigan, las que trabajan en la promoción y en la prevención de la salud, las enfermeras que gestionan e incluso dirigen hospitales y centros de salud, las enfermeras que cuidan a los alumnos en los centros escolares y en los servicios de prevención de riesgos y tantas otras enfermeras, no van a poder desarrollar el trabajo que venían desempeñando porque su competencia y seguridad jurídica para hacerlo ha sido cercenada, incurriendo en un delito de intrusismo. La falta de acreditación de las competencias prescriptoras unido a lo anterior, impedirá a los enfermeras administrar medicamentos o producto sanitario alguno sujeto a prescripción médica, como hasta ahora lo habían hecho, siendo actores principales en la sostenibilidad y el desarrollo de nuestro sistema sanitario.
La Enfermería a día de hoy es una disciplina que, orgullosamente, y tras una larga lucha, es una profesión graduada de cuatro años, con acceso a la especialización en ciencias de la salud como otras profesiones sanitarias, que puede acceder al máster universitario llegando incluso al doctorado. Mediante este absurdo Real Decreto, estas mismas enfermeras no podrán prescribir un antiséptico yodado, administrar suero salino para lavar una herida o una fosa nasal, ni aplicar un apósito para curar una úlcera. Esta ilógica regulación resulta anodina, arcaica, anacrónica, antigua e irracional en los tiempos en los que nos encontramos de avance científico de las profesiones.
Este Real Decreto que nos regala el actual Gobierno y en su nombre el Ministro de Sanidad es un dardo envenenado para la sociedad que en pocos días, si se publica, se verá desasistida sanitariamente por la enfermería al haberla mutilado en sus competencias y por ello no podrán vacunar, curar, administrar medicamentos, etc… lo que provocará una huelga competencial, todo ello generado por la incompetencia del máximo responsable del Ministerio de Sanidad y el desprecio a la salud de los ciudadanos de un grupo médico de élite que no se merece ser portador de los principios hipocráticos que inspiran tan digna profesión.
El Gobierno del Sr. Rajoy ha traicionado y mentido a toda una profesión modificando de la noche a la mañana, por las presiones de unos pocos, un Real Decreto que estaba negociado y consensuado. La enfermería, y por extensión la sociedad española, no se merece tener un próximo gobierno que incluya el engaño como arma política.
Espero que el sentido común y la razón se impongan y el Real Decreto aprobado no se publique para que no genere a los ciudadanos y a la sociedad el gran mal que esconde. ¡Ojalá quede olvidado en un cajón y se pueda retomar su tramitación con los nuevos responsables que los ciudadanos elijan en diciembre!
