Oficina del Programa de Asistencia, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria
Una norma que otorgará a la Administración regional, entre otros avances, el derecho a conocer cualquier intento de desahucio antes de que se produzca el desenlace.
Quienes se acerquen a cualquiera de las seis oficinas del Programa de Asistencia, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria, con las que ya cuentan los castellano-manchegos, “van a encontrar una solución personalizada, eficaz y con rostro humano”, ha garantizado el presidente regional.
Castilla-La Mancha contará el próximo año con una Ley social de la vivienda, una norma que otorgará a la Administración regional, entre otros avances, el derecho a conocer cualquier intento de desahucio antes de que se produzca el desenlace. De esta manera, existirá un trámite concreto claro “que obligará a las entidades bancarias o grandes inmobiliarias a darnos notificación antes de desahuciar a nadie por razones sociales”, lo que dará posibilidad de establecer un mecanismo de intermediación.
Así lo ha señalado hoy en Toledo Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tras la firma del acuerdo para la puesta en funcionamiento de la Oficina del Programa de Asistencia, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria, con los decanos de los Colegios Oficiales de Abogados y del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de la Comunidad Autónoma.
Desde Castilla-La Mancha, ha recordado García-Page, “hemos innovado en muchos debates en España, desde los malos tratos hasta diversas batallas en materia de igualdad”. Por ello, ha proseguido, esta Ley “va a abrir una brecha en el debate social” al reflexionar sobre aspectos importantes como el conocimiento previo, por parte de la Administración de Castilla-La Mancha, de cualquier posibilidad de desahucio.
Junto a esta iniciativa pionera en España, se llevarán a cabo otras como gravar fiscalmente a quienes acumulan viviendas “y especulan con esa acumulación de viviendas vacías”, ha indicado el presidente regional, al tiempo que ha aclarado que este apartado no está referido a personas físicas. “Estoy hablando de que en España miles de viviendas se acumulan en pocas manos y no se sacan al mercado esperando que suba el precio, mientras hay gente que no tiene vivienda”, ha lamentado García-Page, “y eso tiene que tener un reflejo fiscal de alguna manera”.
Por último, se establecerá una obligación para que en toda planificación urbanística, la distinta tipología de las viviendas se generalice por todos los barrios, con el objetivo –ha apuntado García-Page- de evitar los “guetos sociales”, ya que “tendemos a estancar a la gente en función de la renta”, ha puntualizado el presidente.
Aportar soluciones eficaces “con rostro humano”
Por otro lado, y en cuanto al Programa de Asistencia, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria, García-Page ha garantizado que quienes se acerquen a cualquiera de las seis oficinas con las que ya cuentan los castellano-manchegos “van a encontrar una solución personalizada aportada por todos, por la Administración regional, por los abogados de esta Comunidad Autónoma y por los trabajadores sociales”.
La iniciativa que hoy entra en vigor y que está destinada “a quien realmente no tiene cómo pagar su vivienda”, ha añadido, “va a ser muy útil porque pone un rostro humano y eficaz” al problema de los desahucios sociales, un drama que afecta a un colectivo “que ojalá sea pequeño en Castilla-La Mancha”, pero que preocuparía igualmente a este Ejecutivo autonómico “aunque sólo se tratase de una, dos o cinco familias”, ha apostillado García-Page.
En último lugar, el presidente se ha comprometido a objetivar los derechos que hasta ahora eran considerados de “segundo grado o segunda división” en la Constitución como el derecho a la salud, a una vivienda digna, al empleo o a la educación, “y que la crisis ha dejado claro que tienen que ser de primer grado”.
