Tras el informe federal de Servicios Públicos 2011-2015
“La legislatura que ahora concluye ha traído a Castilla-La Mancha menos servicios públicos, menos derechos, menos empleo y más deuda” afirma Carmen Campoy, Secretaria General de la Federación de Servicios Públicos de Castilla La Mancha FSP UGT CLM a partir de un informe elaborado por la federación de Servicios Públicos de UGT, que recoge la evolución de los servicios públicos entre los años 2011-2015 en España.
El informe“(2011-2015) Menos Servicios Públicos, Menos derechos, Menos Empleo, Más Deuda” realizado a partir de datos y estadísticas oficiales, llega a la conclusión de que “la destrucción de empleo público ha tenido lugar en todos los ámbitos, con casi 400.000 empleos públicos destruidos durante la legislatura en España, de ellos más de 15.000 en nuestra región”, destaca la responsable de FSP UGT CLM.
La destrucción de empleo público en Castilla-La Mancha ha dado en todos los sectores públicos, si bien destacan: Sanidad con más de 3.500 empleos destruidos; Administración Autonómica con 3.500 puestos suprimidos; Administración local, 8.000 empleos perdidos; y Correos, con 464 empleos destruidos.
Sobre la negociación colectiva en el sector público “esta ha sido una legislatura inédita desde el punto de vista de las relaciones laborales y de la negociación – insiste Campoyen la que el Gobierno ha tomado medidas que han perjudicado a un gran número de trabajadores y de ciudadanos y no ha negociado con los agentes sociales, actuando en la mayoría de ocasiones con una prepotencia y una soberbia propias de otros tiempos”.
A tenor de esos datos “no es un juicio de valor cuando hablamos del desmantelamiento de los servicios públicos y las administraciones públicas. Con datos oficiales podemos demostrar lo que este Gobierno ha recortado en servicios públicos, restringiendo el papel social del Estado: en cuanto a solidaridad, igualdad, redistribución, universalidad, etc. Y los servicios esenciales que debe garantizar al conjunto de la ciudadanía”, subraya la responsable de FSP UGT CLM.
“Los gobiernos central y regional –continúa Campoy- se olvidan de la responsabilidad que tienen ante el modelo de servicios que deben prestar a los ciudadanos y de la Federación de Servicios Públicos responsabilidad de impulsar un modelo de relación laboral con sus empleados que sirva de ejemplo y estimulo”.
Desde UGT “apostamos por mantener la titularidad pública y la calidad de los servicios públicos, que deben servir como correctores de las desigualdades sociales y como garantía de universalidad y solidaridad de sus prestaciones”, afirma Campoy, que añade que “con la excusa de la crisis financiera, el déficit y la deuda se ha recortado el gasto público, se ha apostado por un modelo privatizador y se han empeorado las condiciones laborales de los empleados públicos a quienes se ha acusado públicamente de ser unos privilegiados y unos ineficientes”.
“Los gobernantes del PP nos dicen: más con menos, pero mejor, y la realidad ha sido: menos, con recortesy mucho peor. Desprestigio del servicio público y de sus profesionales, en un proceso de asfixia económica, de medios materiales, técnico y humano. La consecuencia es clara: a menos presupuesto, menos servicios y menos derechos”, sentencia la responsable de FSP UGT CLM.
Para Campoy, “un claro ejemplo es la sanidad privada. En Castilla la Mancha, la gestión privada de la sanidad pública ofrece muchas oportunidades de negocio para el sector privado. Argumento que abandera nuestra presidenta con un claro ejemplo, el Hospital de Toledo”.
“A través de la Concesión administrativa –insiste la responsable de FSP UGT- con gestión sanitaria integral, en la que se entrega a la empresa explotadora la gestión en su conjunto del ámbito sanitario y no sanitario, donde las condiciones de los pliegos otorgan a la empresa concesionaria no solo la gestión privada de los servicios asistenciales y no asistenciales, sino también la gestión no asistencial de otros seis centros públicos en la provincia de Toledo”.
Para concluir, Campoy añade “el progreso y desarrollo de los servicios públicos deben estar vinculados a objetivos para el bienestar común que son más amplios que los intereses empresariales”.
