Tras la mesa sectorial de Agricultura y parar Instituto de la Mujer
La Federación de Servicios Públicos de UGT C-LM denuncia la ”prepotencia del Gobierno regional con los empleados públicos, a los que sigue enviando al paro a escasos 19 días de las elecciones”, según Luis Manuel Monforte, responsable del Sector Autonómico FSP UGT CLM.
Tras la terminación en la tarde de ayer de la negociación de la relación de puestos de trabajo (RPT) de funcionarios de la Consejería de Agricultura y a falta de negociar las plazas del Instituto de la Mujer, aplazadas indefinidamente, “valoramos muy negativamente como ha transcurrido la mesa sectorial, con prisas y tiempos muy marcados, falta de transparencia y negación de información que desde UGT considerábamos relevante”, critica el responsable de FSP UGT CLM.
“Durante la negociación de las 175 plazas en negociación de la Consejería de Agricultura, el Gobierno del PP ha suprimido 160 plazas, con lo que cerca de 80 interinos pasarán a engrosar las listas del paro en plena campaña electoral para las elecciones autonómicas”, lamenta Monforte.
Por otro lado, “la falta de compromiso de este Gobierno regional con la mujer queda demostrada también en la ausencia de negociación de la RPT del propio Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, que con dos plazas pendientes de negociación, ha visto suspendida sine die la convocatoria de su mesa sectorial, en un nuevo arrebato de los responsables de Administraciones Públicas”, limitando la posibilidad de mejorar el servicio que este organismo presta, ha confirmado el responsable de FSP UGT CLM.
Según Monforte “el Consejero de Presidencia, Leandro Esteban, y el Director General de Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, han demostrado una vez más su prepotencia, chulería e irresponsabilidad y que les importa muy poco el servicio público que se presta en la región, apretando un poco más a los asfixiados empleados públicos de la Administración Regional, amortizando cerca de 650 plazas a escasos días de las elecciones”.
A juicio de Monforte “demuestran que sólo saben negociar a golpe de sentencias y que NO se han enterado que el Tribunal Supremo se cuestiona la constitucionalidad de la Ley de Medidas Complementarias para la aplicación del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, aprobada por ellos en 2012, con la que se diezmó el salario a los Federación de Servicios Públicos empleados públicos, se les aumentó la jornada y se les quitaron los complementos en los casos de Incapacidad Temporal”.
