Firmado hoy
El presidente de la Diputación de Toledo, Arturo García-Tizón, y el alcalde de Torrijos, Juan José Gómez-Hidalgo, han firmado hoy un convenio de colaboración entre las dos administraciones que representan para la selección de adjudicatarios de nueve viviendas propiedad de la Diputación Provincial en esa localidad toledana.
La Corporación provincial que es propietaria de 12 viviendas situadas en Torrijos en las que ha procedido para su rehabilitación y posterior mantenimiento, pues su construcción se remonta a la década de los setenta.
De las 12 viviendas rehabilitadas nueve se pondrán a disposición de los vecinos, pues tres de ellas están ocupadas por trabajadores de la Diputación desde hace años.
La actuación llevada a cabo por la Diputación provincial tiene como fin que dichas viviendas sean arrendas con contratos sin opción de compra, para que sean ocupadas por ciudadanos de la localidad que tengan pocos recursos económicos y necesidad de una vivienda.
El consistorio realizará el proceso de clasificación de los solicitantes de las viviendas, al ser la administración más cercana a la realidad de los ciudadanos que pueden beneficiarse de las viviendas propiedad de la institución provincial.
La clasificación de los solicitantes de las viviendas, para lo que se tendrá en cuenta la situación de necesidad de vivienda en que se hallen los solicitantes y la escasez de medios para satisfacerla. Para esa prioridad de vivienda de los solicitantes se realizará teniendo en cuenta los criterios de escasez de rentas y supuestos de exclusión que se establezcan en las bases.
Acabada la selección, el Ayuntamiento será el encargado de remitir la lista a la Diputación que, en calidad de propietaria de las viviendas, dará en arrendamiento las mismas por el orden contemplado en ella, estableciendo igualmente una lista de espera que seguirá en la asignación de las viviendas que una vez arrendadas vayan quedando libres.
El contrato que se formalice con la Diputación de Toledo será de arrendamiento sin opción a compra, con un tiempo máximo de cinco años, redactándose las condiciones del arriendo, los derechos y deberes de las partes.
