Las viviendas ofrecerán un hogar a muchas familias que carecen de recursos para sacar adelante a sus hijos.
Las personas o familias que lo deseen pueden presentar sus solicitudes para acceder a una vivienda de alquiler social en los Servicios Sociales de Atención Primaria
El Gobierno de regional ofrece viviendas sociales de alquiler para las familias o personas en situación más vulnerables. La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales y la de fomento han firmado un acuerdo de colaboración, a través de la empresa pública ‘Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha S.A.’, GICAMAN, para el alquiler de viviendas destinadas a usos sociales.
Las viviendas, propiedad de GICAMAN, irán destinadas a garantizar la inclusión social de los más necesitados, como es el caso de mujeres embarazadas o con hijos menores, sin apoyo familiar y que se encuentren dentro de los programas o recursos de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales.
“Las viviendas, se encuentran en distintas localidades de Castilla-La Mancha, ofrecerán un hogar a muchas familias que carecen de recursos propios para sacar adelante a sus hijos”, ha subrayado el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz.
GICAMAN pondrá en conocimiento de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales la relación de viviendas disponibles semestralmente. Y la Consejería informará de la necesidad de una vivienda con una antelación mínima de 30 días. “En casos urgentes el plazo de comunicación será más breve, para que ninguna familia que lo necesite se quede en la calle. Así, GICAMAN en un plazo máximo de 10 días laborables avisará de la disponibilidad o no de una vivienda”, ha aclarado la consejera de Fomento, Marta García de la Calzada.
Todas las personas que lo deseen y lo necesiten pueden presentar sus solicitudes para acceder a una vivienda de alquiler social en los Servicios Sociales de Atención Primaria.
Gastos de las viviendas
Los gastos de comunidad relativos a las viviendas alquiladas serán de cuenta de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, mientras que los arrendatarios se harán cargo de las facturas relacionadas con los suministros (luz, agua…).
El plazo de duración de este acuerdo será de dos años y no afectará al tiempo específico de cada arrendamiento, cuya duración será la pactada en cada contrato.
